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EEUU

Cuando las embarazadas que abusan de los opioides son tratadas como delincuentes, sus bebés sufren

A doctor examines a pregnant woman
Una mujer gestante es examinada mientras espera para dar a luz. Las leyes que castigan a las mujeres que abusan de las drogas durante el embarazo pueden ser perjudiciales para sus hijos, sugiere una nueva investigación.
(Felipe Dana / Associated Press)

Las políticas estatales que tratan a las mujeres embarazadas como delincuentes si consumen sustancias ilícitas están relacionadas con tasas más altas de bebés que nacen con abstinencia de opiáceos.

Las leyes que castigan a las mujeres que abusan de las drogas durante el embarazo a menudo son consideradas como una forma de proteger a los bebés no nacidos de la adicción. Pero una nueva investigación detectó que tienen el efecto opuesto: después de que los estados promulgan leyes que tratan a las usuarias de drogas encinta como madres no aptas o delincuentes, el número de recién nacidos que lidian con la abstinencia de drogas aumenta significativamente.

Los nuevos hallazgos sugieren que las leyes que penalizan el uso de drogas de una madre durante el embarazo o amenazan con quitarles a sus recién nacidos desalientan a las mujeres a buscar tratamiento contra la adicción y ponen a sus bebés en mayor riesgo de problemas de salud desde el momento del parto.

El estudio, realizado por expertos de Rand Corporation, con sede en Santa Mónica, fue publicado este miércoles en la revista JAMA Network Open y se conoce a medida que más estados adoptan leyes contra los usuarios de drogas ilícitas, en un intento por revertir una creciente epidemia de adicción a los analgésicos opioides.

“Estas políticas punitivas están llevando a las mujeres a las sombras”, afirmó la líder del estudio, la Dra. Laura Faherty, pediatra e investigadora de políticas de salud. “Les avergüenza recibir atención y tratamiento prenatales para el trastorno por consumo de sustancias que necesitan para mantenerse, tanto ellas como sus bebés, saludables”.

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Según Faherty, sería impensable castigar a las mujeres por tener epilepsia o diabetes durante el embarazo. “Pero tratamos el trastorno por uso de sustancias como una falla moral en lugar de la condición médica que realmente es”, dijo.

Entre 1999 y 2013, el número de mujeres en Estados Unidos con un trastorno por uso de opioides al momento del parto se cuadruplicó. Las consecuencias para sus bebés pueden variar de leves a nefastas: ya sea que una gestante tome opioides recetados para el dolor, o reciba dosis bajas de esas sustancias como tratamiento para la adicción o el abuso de heroína, es probable que su recién nacido sufra el síndrome de abstinencia neonatal -esencialmente abstinencia a la droga- en sus primeros días y semanas de vida.

Si bien el síndrome de abstinencia neonatal (NAS, por sus siglas en inglés), puede ser manejado por especialistas pediátricos en un hospital, a menudo es agonizante para un recién nacido y muy costoso. Los bebés de madres que tomaron opioides pueden requerir de semanas o meses de hospitalización, durante los cuales pueden llorar desconsoladamente y sufrir temblores, convulsiones y problemas con la respiración y la alimentación.

En todo Estados Unidos, la tasa de recién nacidos con NAS aumentó cuatro veces entre 2000 y 2014. Los cargos anuales de hospital por el tratamiento de esos pacientes tan pequeños son de aproximadamente $1.500 millones.

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No está claro si un bebé con NAS sufrirá riesgos de salud a largo plazo, pero el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) observó que la adicción crónica a la heroína no tratada está relacionada con la falta de atención prenatal y un mayor riesgo de muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer. Nacer de forma prematura o con muy bajo peso puede tener consecuencias de por vida para la salud de un niño.

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Entre 2000 y 2015, la creciente epidemia de opioides llevó a 13 estados a promulgar leyes que castigarían a una usuaria de drogas embarazada, elevando el número total de estados con tales normas a 25.

Los investigadores de Rand se centraron en ocho estados con leyes relacionadas con el abuso de sustancias durante la gestación. Examinaron datos desde el comienzo de 2003 hasta finales de 2014 sobre bebés nacidos con NAS durante varios años, antes y después de que esas leyes entraron en vigor.

En total, los investigadores examinaron más de 4.5 millones de nacimientos vivos e identificaron 23.377 recién nacidos diagnosticados con NAS. Compararon las tasas de NAS en estados con y sin leyes punitivas contra mujeres embarazadas con problemas de abuso de sustancias.

En el primer año después de la adopción de normas punitivas, las tasas de bebés nacidos con síndrome de abstinencia neonatal aumentaron en un 24%. Antes de que los estados adoptaran esas normas, 46 de cada 10.000 recién nacidos sufrían de NAS. Esa tasa aumentó a 57 por cada 10.000 nacimientos vivos en el primer año después de que dichos estados, por separado y en diferentes momentos, promulgaran las leyes.

En los años posteriores, cuando la existencia de estas normas supuestamente era más ampliamente conocida para las mujeres encinta, la tasa de natalidad con NAS alcanzó el 60 por cada 10.000 nacidos vivos.

Según los investigadores, no hubo un aumento en el promedio de bebés nacidos con adicción en los estados que aprobaron leyes que exigen notificar esos alumbramientos sin medidas punitivas explícitas.

Para los legisladores y los funcionarios de salud pública, el mensaje final es claro, consideró el Dr. Rahul Gupta, director médico de March of Dimes: “Hacer políticas punitivas para un momento en que las mujeres se encuentran en su etapa más vulnerable, la gestación, no es la mejor política”. Muchas investigaciones anteriores han documentado los daños de tales políticas para las mujeres. “Pero esto muestra que los resultados tampoco son buenos para el bebé", agregó Gupta.

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El profesor de derecho de la Universidad de Drexel, David S. Cohen, expuso que muchas de esas leyes estatales fueron apoyadas por enemigos del aborto, que han tratado de establecer precedentes legales que confieran los derechos de la personalidad a un feto en desarrollo. Si el comportamiento que daña al feto es un delito a los ojos de la ley, entonces el derecho de las mujeres al aborto estaría en peligro, explicó Cohen. “Nada ha encontrado que la salud de un niño o una madre mejore con políticas punitivas”, agregó Cohen, quien defendió con éxito a una mujer de Pennsylvania acusada de abuso infantil después del nacimiento de un niño expuesto a drogas ilícitas que ella había consumido durante el embarazo. “Expulsa a las personas del tratamiento y da como resultado una peor salud” para ambos, agregó.

Tampoco está claro que encarcelar a una mujer gestante con una adicción a los opiáceos protegería a su feto. Dos informes de casos de la década de 1970 plantearon la preocupación de que la abrupta abstinencia de opioides durante el embarazo podría provocar estrés y muerte fetal.

Según estudios más recientes, “no hay evidencia clara de una asociación entre un retiro de la sustancia supervisado médicamente y la muerte fetal o parto prematuro”, según el ACOG. Pero la organización dijo que se necesita más investigación.

En una declaración de 2017, ACOG y la Sociedad Estadounidense de Medicina de Adicciones se opusieron a las leyes que castigarían a una mujer adicta embarazada. En cambio, argumentaron que todas las mujeres gestantes deberían ser examinadas para detectar el trastorno por uso de sustancias, y aquellas que necesitan tratamiento deberían recibirlo.

“En general, un enfoque coordinado multidisciplinario, sin sanciones penales, es lo mejor para ayudar a los bebés y las familias”, concluyeron los dos grupos médicos. “Los proveedores de atención obstétrica tienen una responsabilidad ética para con sus pacientes embarazadas y en edad parental que padecen un trastorno por consumo de sustancias: desalentar la separación de las madres de sus hijos basándose únicamente en el abuso de sustancias, ya sea sospechado o confirmado”.

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La Dra. Mishka Terplan, quien trabajó con ACOG para desarrollar políticas sobre el uso de drogas y el embarazo, afirmó que los estados que intentan ayudar a los bebés deberían darles a las mujeres embarazadas acceso preferencial al tratamiento contra el uso de sustancias, y protegerlas de la discriminación. “Muy pocos estados los han escrito en el estatuto estatal”, expuso Terplan, quien ha practicado tanto medicina especialista en adicciones como obstetricia durante casi dos décadas. “Todos tenemos anécdotas que demuestran el maltrato a las personas embarazadas que usaron drogas”.

La idea de que los niños generalmente están mejor con sus madres, incluso aquellas que luchan con la dependencia a las drogas, puede parecer contradictoria, agregó Gupta. Pero es verdad. “La mejor manera que conocemos de proteger a los bebés es establecer un marco regulatorio que permita mantener la díada madre-hijo después del nacimiento”, explicó. “La única forma de hacerlo es que la mamá no sea criminalizada, y que tenga la oportunidad de recibir tratamiento para su trastorno por consumo de opioides”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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