Un funcionario de Aduanas de EE.UU perdió su empleo y su ciudadanía por su certificado de nacimiento en México
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos despidió a un oficial de 18 años, veterano de la Marina, quien nunca supo que había nacido en México.
Raúl Rodríguez había trabajado para la Aduana de Estados Unidos durante 18 años cuando los investigadores internos lo confrontaron, el año pasado, con un documento que nunca había visto antes: su certificado de nacimiento mexicano.
Rodríguez, de 51 años, un oficial de aduanas del Valle de Río Grande de Texas, sintió que la sangre se le helaba en la cara. Había vivido en Estados Unidos desde que tiene uso de razón y no tenía idea de que realmente había nacido al otro lado de la frontera en Matamoros, México.
“Era mi máximo temor”, afirmó el viernes en una entrevista desde su casa en San Benito.
Los funcionarios de Texas han dificultado la obtención de certificados de nacimiento y señalado a cientos como sospechosos: 246 sólo desde el comienzo de este año. Muchos habían sido emitidos por parteras del sur de Texas. La partera que firmó el certificado de nacimiento de Rodríguez en EE.UU estuvo implicada en varios otros casos antes de su muerte, en 2005, según los registros de la corte federal.
“La región fronteriza México-Estados Unidos es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de ciudadanía”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado. “Este fraude ha incluido casos en los que las parteras y otras asistentes de partos, además de registrar legítimamente los nacimientos en Estados Unidos, aceptaron dinero y emitieron certificados de nacimiento estadounidenses para bebés que, en realidad, habían nacido en México”.
Según la declaración, a las personas con certificados de nacimiento emitidos por una partera sospechosa de haber cometido fraude, así como a las personas con un certificado de nacimiento estadounidense y extranjero, se les pide que proporcionen pruebas adicionales, como documentos hospitalarios, registros médicos y escolares, documentos religiosos, o declaraciones juradas de aquellos con “conocimiento personal de los hechos del nacimiento”.
Los abogados de Texas han presentado cientos de casos en los últimos años en nombre de personas a las que se les negaron los pasaportes estadounidenses debido a supuestos certificados fraudulentos.
El abogado de Rodríguez, Jaime Díez, ha practicado en el sur de Texas durante 20 años y afirmó que los retrasos y las denegaciones de pasaportes se han vuelto tan comunes durante los últimos dos años, que son fundamentales para su práctica. “Para mí, es una obsesión del gobierno federal, que no quiere que los hispanos estén aquí”, afirmó recientemente el legista, en su oficina de Brownsville.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU notó a Rodríguez después de que este proporcionó su certificado de nacimiento para ayudar a su hermano, en México, a solicitar un pasaporte estadounidense.
Cuando Rodríguez fue confrontado por investigadores federales, en abril de 2018, inmediatamente se ofreció a ayudarlos a interrogar a su padre, Margarito Rodríguez, un agricultor retirado que vive al otro lado de la frontera del Valle de Río Grande, cerca de Nuevo Progreso, y tiene una visa para ingresar a Estados Unidos. Rodríguez, de 77 años, se encontró con ellos en un Starbucks cerca de la casa de su hijo.
Cuando los investigadores preguntaron sobre el certificado de nacimiento mexicano, el hombre mayor inicialmente se negó a responder, comentó Rodríguez. Se dio cuenta de que su hijo estaba molesto y bajó la cabeza.
“Sólo dime la verdad”, le dijo el joven Rodríguez.
Fue entonces cuando su padre confirmó que Rodríguez había nacido en Matamoros y fue enviado a vivir con su familia en el Valle de Río Grande cuando tenía cinco años.
Rodríguez dejó el Starbucks, aturdido. Su familia lo recibió en el estacionamiento, incluida su esposa, que ya estaba llorando. Cuando le contó la noticia a su hija, la niña de 14 años respondió: “¿Entonces papá es ilegal?”. Su hijo de 16 años luego publicó un video en YouTube diciendo que le preocupaba que su padre fuera deportado y asesinado.
Rodríguez tendría que solicitar la ciudadanía o la residencia legal. Igual que el mayor de sus cuatro hijos. Raul Jr., de 29 años, un exterminador y padre de tres hijos, nació en Matamoros y se mudó a Estados Unidos en 1994, después de recibir la ciudadanía por su padre.
La investigación interna de la Patrulla Fronteriza despejó las irregularidades para Rodríguez en abril de 2018, y la agencia le dio tres años para regresar al trabajo, dijo, si podía obtener la ciudadanía estadounidense. Él solicitó la ciudadanía y la residencia permanente a través de su esposa.
Pero los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS, por sus siglas en inglés) denegaron su solicitud de ciudadanía en junio de 2018, culpándolo por haber afirmado falsamente que era ciudadano estadounidense y haber votado ilegalmente.
Su madre se dedicó al hogar mientras su padre trabajó en la construcción de metal para darles a sus hijos la educación básica.
La agencia también rechazó su solicitud de residencia el 29 de octubre. Su abogado presentó una moción para reabrir el caso de residencia, el 12 de noviembre pasado, pero no está claro cuándo recibirá una respuesta.
El hijo mayor de Rodríguez solicitó la ciudadanía estadounidense a través de su esposa, pero aún no ha recibido la decisión de las autoridades.
Una portavoz de USCIS declinó hacer comentarios sobre los casos. Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU confirmó que Rodríguez había trabajado para la agencia, pero no quiso hacer más comentarios.
Rodríguez se unió a la agencia para ayudar a detener el hostigamiento que sufría siendo un niño de piel morena. Cuando cruzaba la frontera para visitar a sus padres, en su adolescencia, los oficiales inevitablemente lo separaban a un lado para efectuar un examen secundario, insistían en que era mexicano y amenazaban con deportarlo.
“Mi objetivo era hacer un cambio, tratar a las personas con respeto pero hacer el trabajo”, afirmó.
Como uno de siete hijos -dos de los cuales fueron enviados a Estados Unidos para quedarse con familiares y asistir a la escuela-, Rodríguez se graduó de la preparatoria en Mission, Texas; trabajó en una planta de empaque de carne y sirvió en la Marina como oficial de la policía militar durante cinco años, antes de postularse a la Patrulla Fronteriza.
Conoció a su esposa, nativa de Whittier, en la academia de la Patrulla Fronteriza. Su hermano también se unió a la agencia en California. Eran una familia unida en Seguridad Nacional, y evitaban asistir a reuniones donde pudieran encontrarse con personas que estaban en el país sin autorización.
En 2006, Rodríguez recibió un reconocimiento nacional a la integridad por ayudar a deshacer una red de contrabando, un premio que aún conserva en su chimenea (un portavoz de la agencia declinó hacer comentarios al respecto). Rodríguez regresó a trabajar incluso después de sufrir una parálisis temporal del cuello para abajo, en 2015, debido a un caso repentino de síndrome de Guillain-Barré que requirió un permiso médico de un año para recuperarse.
Después de su despido, Rodríguez perdió su seguro de salud. Le preocupa perder su Seguridad Social y sus beneficios de jubilación. La pareja ya ha tenido que refinanciar la casa de tres habitaciones donde Rodríguez pasa sus días criando pollos y ovejas.
En una comunidad muy unida, la pareja se siente marginada. Un representante del sindicato -al cual pertenecía Rodríguez y otros funcionarios de aduanas- le sugirió que buscara un abogado; sus amigos y colegas lo evitan.
El Valle de Río Grande está rodeado por los puestos de control de la Patrulla Fronteriza, por lo cual Rodríguez y su hijo dejaron de viajar fuera de la región, por temor a ser deportados. Han hecho un llamamiento a los legisladores en Texas y California para que intervengan, pero eso no ha hecho ninguna diferencia.
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La familia está muy decepcionada con el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus uniformes como “camisas azules”.
“Si algo sucedía, pensábamos que nos respaldaría la ‘ola azul’”, dijo Anita Rodríguez. “Ahora, cuando los vemos, actúan como si no nos conocieran. Nada ha cambiado; él sigue siendo la misma persona, pero lo tratan como a un paria”.
La excepción fue una funcionaria de aduanas que había estado entre quienes acosaban a Rodríguez cuando era niño, amenazando con enviarlo de regreso a México. La mujer se ablandó cuando trabajaron juntos, y recientemente lo llamó para ofrecerle apoyo. “Tenías razón”, le dijo él, con tristeza. “Podrías haberme enviado de vuelta”.
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