El FBI tiene ‘casi plena certeza’ de que Arabia Saudita ayuda a sus ciudadanos acusados de delitos a huir de EE.UU

Cuando el tráfico obligó a su Lexus dorado a reducir la velocidad en Portland, Oregon, Abdulrahman Sameer Noorah se desvió hacia un carril central y aceleró a aproximadamente 70 mph, según un fiscal del condado; es decir, casi triplicó el límite de velocidad.

Fallon Smart, una estudiante de preparatoria de 15 años de edad, cruzaba entonces la calle para encontrarse con su madre en esa calurosa tarde de agosto de 2016. Noorah, un estudiante universitario oriundo de Arabia Saudita, la atropelló y la mató, indicó Shawn Overstreet, vicefiscal de distrito del condado de Multnomah. Acusado de un cargo de homicidio involuntario, el estudiante de Portland Community College, que entonces tenía 20 años, debió entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo por GPS bajo arresto domiciliario después de que el Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles le impuso una fianza de $100.000.

Pero dos semanas antes de su juicio, en 2017, Noorah desapareció. Volviendo sobre sus pasos y observando el video de la cámara de seguridad, la policía concluyó que un SUV negro se había detenido cerca de su casa. El GMC Yukon XL Denali, que la policía no ha podido rastrear, se dirigió hacia un patio de arena y grava de Portland, donde un agente del sheriff encontró la tobillera de Noorah, arrancada.

Seis días después, agentes del orden de Estados Unidos se enterarían de que Noorah había aparecido en Arabia Saudita, ya fuera de su alcance.

Arabia Saudita ha negado durante mucho tiempo su participación en el caso de Noorah y en otros que parecen ser ‘extracciones’, tal como se llama a las repatriaciones clandestinas. Pero en un documento desclasificado y publicado el viernes pasado, el FBI afirmó que los funcionarios nacionales del Golfo Pérsico “casi con certeza” ayudan a sus ciudadanos acusados de cometer delitos -incluidos homicidios, violaciones y posesión de pornografía infantil- a huir de Estados Unidos.

“El FBI basó esta evaluación en la suposición clave [de que] los funcionarios del Reino de Arabia Saudita perciben que la humillación de los ciudadanos sauditas que soportan un proceso judicial en Estados Unidos es mayor que la vergüenza de que EE.UU sepa que el reino repatría a escondidas a los ciudadanos con problemas legales en Estados Unidos”, remarcó el boletín de inteligencia del FBI.

Esa entidad redactó el documento, de siete páginas, que la agencia desclasificó gracias a un requisito que el senador estadounidense Ron Wyden (D-Oregon) insertó en un proyecto de ley de asignaciones firmado por el presidente Trump el 20 de diciembre pasado. Wyden dijo en una entrevista que los hallazgos “dejan en claro que los sauditas han estado mintiendo” y agregó que “si estos son nuestros amigos, ¿quién necesita enemigos?”.

Wyden dijo que como miembro del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, vio la versión clasificada y completa del documento del FBI hace meses y resolvió obligar a la agencia a hacerla pública. Remarcó que, a menos que la administración Trump presione a Arabia Saudita para que ponga fin a la práctica de extracción, esto “va a suceder una y otra vez”.

El FBI llegó a la misma conclusión. Su boletín indica que es poco probable que los funcionarios de esa nación “alteren su práctica de contribuir a la fuga de ciudadanos sauditas en problemas legales en Estados Unidos” en el corto plazo, a menos que el gobierno estadounidense aborde directamente el problema con su aliado. Las dos naciones no poseen un tratado de extradición.

Un portavoz del Departamento de Estado no hizo comentarios, el sábado, cuando se le pidió que respondiera a los pedidos de Wyden, y del senador demócrata por Oregon, Jeff Merkley, para que la agencia actuara. En una entrevista, el sábado, Merkley criticó al departamento y a Trump por no confrontar a Arabia Saudita con respecto a las extracciones y por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Riad, en Estambul.

Los dos senadores han trabajado durante más de un año para exponer la participación de Arabia Saudita en la desaparición de sus ciudadanos, a veces empleando tácticas legislativas no convencionales. En el mismo proyecto de ley de asignaciones que Wyden usó como vehículo, Merkley agregó el requisito de que el Secretario de Estado, Michael R. Pompeo, informe al Congreso antes del 20 de marzo sobre las comunicaciones de su agencia con Arabia Saudita respecto a la práctica de las extracciones.

“Es muy frustrante que no haya señales de que nuestro gobierno esté actuando activamente con el gobierno saudita para ponerle fin”, expresó Merkley.

Los senadores presentaron un proyecto de ley que instaría a la administración a expulsar de Estados Unidos a cualquier diplomático saudí involucrado en la remoción de Noorah o Ali Hussain Alhamoud, otro ciudadano saudí que huyó a su tierra natal después de ser acusado en Oregon por múltiples cargos de delitos sexuales. El proyecto exigiría que el Departamento de Estado y el fiscal general de EE.UU investiguen cualquier participación del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles en las desapariciones de los dos hombres.

Fahad Nazer, un portavoz de la embajada de Arabia Saudita, expresó mediante un correo electrónico que los funcionarios considerarán si comentar o no sobre las conclusiones del FBI, pero no respondió a las preguntas de Los Angeles Times sobre los hallazgos y las acusaciones de mentiras por parte de los senadores. Una declaración de la embajada emitida hace un año señalaba: “La noción de que el gobierno saudí ayuda activamente a los ciudadanos a evadir la justicia después de haber sido implicados en irregularidades legales en Estados Unidos no es cierta”.

El documento desclasificado del FBI con fecha del 29 de agosto no detalla lo que los funcionarios saudíes pudieron haber hecho, ni dice a cuántos ciudadanos podrían haber ayudado a huir de EE.UU.

Una investigación realizada por el Oregonian/OregonLive encontró casos criminales, que involucraron al menos a siete ciudadanos sauditas que desaparecieron de Oregon antes de ser juzgados o completar sentencias de cárcel por cargos de homicidio y violación. La organización de noticias con sede en Portland describió casos similares en mínimo otros siete estados y en Canadá, y concluyó que se sabía que más de dos docenas de sospechosos sauditas, muchos de ellos estudiantes universitarios, habían huido.

Escapar de un país sin ser detectado y sin presentar un pasaporte es difícil, incluso para un hombre de medios como Carlos Ghosn, el ex ejecutivo automotriz que fue pasado de contrabando por la seguridad del aeropuerto japonés el mes pasado, dentro de una caja de equipos de audio. Según los informes, un grupo de extracción de élite dirigido por un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU orquestó la audaz fuga en un jet privado de Ghosn a su Líbano natal, para eludir cargos penales.

Pero para Noorah, un joven con una beca del gobierno saudí, la posibilidad de colarse por un monitor y huir de Estados Unidos sin un pasaporte sería imposible sin el apoyo del Estado. Los investigadores del Cuerpo de Alguaciles de EE.UU sospechan que funcionarios saudíes lo sacaron del país en un vuelo privado.

Chris Larsen es uno de los tres abogados de Portland que han presentado una demanda por homicidio culposo contra Noorah, en nombre de los herederos de Smart. El legista se siente decepcionado de que el FBI, que debía divulgar todo lo que sabía sobre el papel sospechoso del gobierno saudita en ayudar a sus ciudadanos a evitar el enjuiciamiento en Estados Unidos, no haya identificado sus fuentes específicas de información o a las personas involucradas.

Según Larsen, los hallazgos del FBI revelan “otro vínculo entre la administración Trump y el gobierno saudita, que muestra que todavía son muy cercanos”. La muerte de Smart ha causado un “trauma tras otro” para su madre, Fawn Lengvenis, a quien también representa.

A Overstreet, el fiscal en el caso de Noorah, lo persigue la muerte de Smart, quien era una cantante de coro y estudiante de segundo año de preparatoria, a punto de cumplir 16 años. El escape de la justicia de los ciudadanos sauditas también lo preocupa. “Este es uno de esos casos que se queda contigo y en el cual piensas a diario”, reconoció.

Cuando el Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles se preparó para pagar la fianza, Overstreet acudió a los tribunales enfurecido y consiguió que un juez pusiera condiciones para la liberación de Noorah. Como resultado, Noorah, quien inicialmente había sido acusado de homicidio involuntario en primer grado, delito grave de atropello y conducción imprudente, tuvo que renunciar a su pasaporte, usar el monitor de tobillo y abstenerse de conducir durante los nueve meses de arresto domiciliario.

Overstreet, un ex oficial de policía, todavía se pregunta cómo escapó Noorah. “No abordó un vuelo comercial, porque lo revisamos”, dijo. “Y no tenía pasaporte. Entonces, ¿cómo diablos salió de aquí?”.

En 2018, el vicefiscal recibió una consulta de un funcionario saudita que preguntó si la oficina del fiscal de distrito estaría dispuesta a transferir el enjuiciamiento a Arabia Saudita. Él respondió que no, pero pidió detalles y nunca recibió respuesta. “Nuestro temor es que les entregamos nuestros archivos; ellos los miran y dicen: ‘Bueno, no parece que haya cometido un delito, que tenga un buen día’”, expuso Overstreet. “He perdido juicios y pude salir de allí con la cabeza en alto y decir, así es la justicia”, reconoció. “Pero que alguien se fugue ante tus narices y que no se te haga responsable en absoluto, es lamentable”.

El reportero de planta Nabih Bulos, en Bagdad, contribuyó con este artículo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí