El gobierno de Biden niega una “crisis” de migrantes

El director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos discutió con miembros del Congreso en torno al aumento de migrantes en la frontera suroeste, rehusándose a admitir que la situación sea una crisis o incluso muy distinta a lo que han enfrentado los dos gobiernos anteriores.

El secretario Alejandro Mayorkas reconoció dos de los argumentos de los legisladores republicanos, al admitir que el gobierno tal vez no notificó de manera adecuada a las comunidades elegidas para albergar instalaciones de retención para niños y adolescentes migrantes, y que algunas personas fueron liberadas sin que se les practicaran pruebas diagnósticas de COVID-19, a pesar de que se había implementado una nueva política de pruebas.

Pero Mayorkas, quien permaneció prácticamente imperturbable durante las casi cuatro horas de un interrogatorio que con frecuencia se tornó hostil, rechazó en reiteradas ocasiones a los republicanos que intentaban describir que la situación en la frontera con México está fuera de control.

“Tenemos un desafío muy serio, y no creo que se pueda sobrestimar la dificultad de este desafío”, declaró Mayorkas. “También tenemos un plan para atenderlo. Estamos ejecutando nuestro plan y vamos a tener éxito”.

Fue el primer enfrentamiento de alta magnitud en materia migratoria para el nuevo gobierno, que enfrenta repercusiones políticas mientras lidia con un marcado incremento de migrantes al tiempo que intenta revertir algunas de las acciones más representativas del ex presidente Donald Trump para reducir la inmigración legal e ilegal.

Los republicanos alegan que el creciente número de personas que intentan cruzar la frontera con México se ha inspirado en las primeras acciones migratorias de Biden, entre las que se incluyen la suspensión de la construcción del muro fronterizo y ponerle fin a un programa que obligaba a los solicitantes de asilo a pedir primero refugio en México o Centroamérica.

“Estas acciones del gobierno han tenido una causa y efecto directos en esta crisis humanitaria y fronteriza”, dijo el representante republicano Michael McCaul.

El número de personas detenidas mientras intentaban cruzar la frontera ha ido en aumento desde abril, y el mes pasado rebasó las 100.000, el nivel más alto desde antes de la pandemia y encaminándose a su punto máximo en 20 años.

Las autoridades federales continúan expulsando a la mayoría de las personas conforme a una orden de salud pública emitida al comenzar la pandemia de COVID-19. Pero el gobierno de Biden, revirtiendo las medidas de Trump, ha decidido permitir que adolescentes y niños sin compañía adulta entren al país para solicitar residencia legal, ya sea a través del asilo o por algún otro motivo.

Esto ha tensado los recursos de las autoridades federales. De acuerdo con una orden de la corte, los menores deben ser liberados de la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) en un lapso de 72 horas y posteriormente trasladados a albergues gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), hasta que un familiar o un tutor aprobado solicite su custodia.

El Departamento de Seguridad Nacional enlistó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias con el fin de que abra nuevas instalaciones temporales para miles de menores, una decisión que los republicanos dicen es indicativa de que hay una crisis.

“Están a cargo de las emergencias y ahora se les despliega a la frontera, pero no es una emergencia”, dijo la representante Kat Cammack. “¿Fue eso lo que escuché?”

Mayorkas se rehusó a ceder terreno. Destacó que Trump, a pesar de su postura y sus medidas antimigratorias, enfrentó una oleada de inmigrantes, como lo hizo el presidente Barack Obama. La solución, argumentó, es una iniciativa de ley migratoria, que cuenta con el respaldo de Biden, el envío de apoyo a los países centroamericanos y mejorar el proceso de asilo.

“Es un reflejo del hecho de que nuestro sistema no sirve”, dijo el funcionario, cuya familia lo llevó de Cuba a Estados Unidos cuando era niño. Es el primer refugiado en ser titular del Departamento de Seguridad Nacional.

Enfrentándose a preguntas sobre si los inmigrantes propagan el COVID-19, Mayorkas afirmó que su dependencia ha implementado una política que requiere que se realicen pruebas diagnósticas a todos los detenidos en custodia de la CBP y colocar en cuarentena a todos los que se les diagnostique el virus.

Pero no señaló cuándo se empezó a implementar la medida y admitió que un número no especificado de inmigrantes que no pudieron expulsarse del país, por motivos que no dejó en claro, fueron liberados en Estados Unidos antes de que pudiera realizárseles la prueba.

“Hemos atendido esa situación”, aseguró.

Recalcó también que su departamento ha expandido las labores de vacunación a miembros de la Patrulla Fronteriza. Al momento han inoculado a cerca del 25% del personal de primera línea de la CBP.

Mayorkas también pareció admitir que no se les notificó adecuadamente a algunas de las comunidades en las que se instalarían albergues temporales para niños y adolescentes migrantes.

“Si es que hubo una falla para comunicarse con las autoridades locales respecto a nuestros planes de abrir una instalación en Midland, Texas, para albergar a menores sin compañía adulta, entonces fue una falla de nuestra parte y le daremos seguimiento para que eso no vuelva a ocurrir”, le dijo al representante August Pfluger.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha quejado de que los aparentes problemas para abrir la instalación en Midland dejaban expuesto a un gobierno que no estaba listo ni era capaz de manejar la situación.

“El gobierno de Biden no está preparado en lo absoluto para el número de niños que cruzan esta frontera”, dijo en una conferencia de prensa.

Por momentos durante su audiencia del miércoles ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mayorkas y algunos miembros del Congreso intentaron desviar la atención a otros temas que maneja la agencia.

Entre ellos se incluyó el aumento de extremismo violento a nivel local que, dijo, “ahora representa la más letal y persistente amenaza relacionada al terrorismo” en el país, y la respecta a un supuesto hackeo ruso a redes del gobierno.

Pero la audiencia volvió ineludiblemente al tema fronterizo, en donde la postura del nuevo gobierno contrasta fuertemente con la del anterior.

Presionado sobre el tema de una crisis, Mayorkas le recordó a la comisión sobre la decisión del gobierno de Trump de forzar la separación de niños migrantes de su familias como parte de una campaña de tolerancia cero que desató indignación a nivel nacional.

“Una crisis es cuando un país está dispuesto a arrancar a un niño de 9 años de las manos de sus padres y separar a esa familia a fin de disuadir la inmigración a futuro”, dijo Mayorkas. “Eso, para mí, es una crisis humanitaria”.