Estos padres podrían exponer el papel de UCLA y USC en el escándalo de las admisiones universitarias

Nadie ponía atención a Bruce Isackson que estaba sentado en un tribunal de Boston, entre una docena de otros padres implicados en una estafa a media docena de universidades importantes, Isackson, inversor inmobiliario del norte de California, quedaba eclipsado por otros de los acusados, mucho más famosos.

A unas pocas filas delante de él estaban la actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador J. Mossimo Giannulli. Al otro lado del pasillo se veía a otra actriz, Felicity Huffman, cuya mirada no se encontró ni una vez con el grupo de reporteros que la siguieron hacia el exterior la corte, y luego hasta el automóvil que la esperaba para transportarla.

Pero Isackson y su esposa, Davina, ahora podrían desempeñar un papel central en la investigación que sacudió al entorno académico estadounidense y obligó a evaluar las formas legales -e ilegales- en que el dinero brinda acceso a la educación superior.

De los 33 padres acusados en la investigación, los Isackson son los únicos que han firmado acuerdos de cooperación con los fiscales.

Una fuente familiarizada con el caso informó que los fiscales quieren saber más acerca de quiénes en UCLA y USC conocían el supuesto plan de reclutamiento que los Isackson usaron para hacer ingresar a sus dos hijas en las universidades, como falsas atletas. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no está autorizada a comentar públicamente.

Los procuradores señalaron que las universidades involucradas en el engaño son víctimas, no objetivos, de la amplia investigación penal. A los 10 entrenadores universitarios y funcionarios acusados hasta el momento se les ha caracterizado como actores fraudulentos, que se burlaron de la ley y de las políticas educativas al aceptar supuestos sobornos para admitir a los hijos de familias ricas y poderosas como atletas reclutados.

Pero la cooperación de los Isackson podría dar a las autoridades otra descripción de primera mano del plan, e indicios de si hubo otros funcionarios universitarios o entrenadores involucrados. Lo que digan también podría ser de interés para USC y UCLA, que han iniciado investigaciones internas sobre el tema.

El acuerdo de cooperación de los Isackson en esta etapa es significativo, remarcó Patrick Cotter, un ex fiscal federal que ayudó a condenar al jefe de la mafia John Gotti, en 1992.

El cerebro del plan de admisiones, un consultor de Newport Beach llamado William “Rick” Singer, ya fue detenido y se declaró culpable. Es posible que los fiscales estén buscando pistas sobre nuevos objetivos, y tal parece que eso es precisamente lo que los Isackson tienen para ofrecer, indicó Cotter. “Por lo que esta pareja dijo, el gobierno cree que podrían tener información que daría por resultado más arrestos”, prosiguió. “El gobierno parece creer que tienen evidencia legalmente admisible, y eso es importante”.

En una presentación judicial la semana pasada, los fiscales afirmaron claramente lo que se ha rumoreado durante semanas: que más personas serán acusadas en la investigación.

Luego le pidieron a un juez una orden de protección sobre la evidencia que comenzarán a entregar a los abogados de la defensa, alegando que las escuchas telefónicas, registros bancarios y académicos, correos electrónicos y fotos de vigilancia que acumularon “incluyen información sobre conspiradores no imputados y objetivos de la investigación que aún no han sido acusados públicamente”.

Los fiscales a menudo realizan investigaciones a gran escala en oleadas, con la esperanza de que los acusados de la primera ronda cooperen y proporcionen pruebas que se puedan usar para acusar a un segundo grupo, explicó Lawrence Rosenthal, profesor de la Facultad de Derecho Dale E. Fowler, de Chapman, y ex fiscal federal.

Bruce Isackson se declarará culpable de conspiración de fraude, conspiración de lavado de dinero y conspiración para estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Davina Isackson aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración de fraude. Si los fiscales deciden que la pareja proporcionó información útil, pueden recomendar que un juez modere sus sentencias.

En su acuerdo de culpabilidad, los procuradores recomendaron para Bruce Isackson una sentencia ‘en lo mínimo’ de las pautas de sanción, que exigen de 37 a 46 meses de prisión. Para Davina Isackson, sugieren una sentencia baja, en una escala de 27 a 33 meses de prisión.

En un comunicado emitido la semana pasada, la pareja afirmó sentirse “profundamente arrepentida”, reconoció que habían “lastimado y avergonzado” a sus hijas y decepcionado a sus familiares y amigos. “Hemos trabajado en cooperación con los fiscales”, remarcaron, “y seguiremos haciéndolo mientras asumimos toda la responsabilidad por nuestro mal juicio”.

Sus abogados se negaron a hacer comentarios para este artículo.

Entre los 33 padres acusados, los Isackson se destacan porque al parecer participaron en una estafa de reclutamiento que involucró a dos universidades.

Según los registros judiciales, el matrimonio está acusado de pagarle a Singer $600.000 para que una de sus hijas ingrese a UCLA y la otra a USC. De los $250.000 que gastaron para asegurar que su hija mayor fuera admitida en UCLA como futbolista reclutada, $100.000 fueron para Jorge Salcedo, el ex entrenador de fútbol masculino de esa casa de estudios, según una acusación por asociación ilícita contra Salcedo y otros seis entrenadores y funcionarios universitarios.

Salcedo, un ex estrella de UCLA que pateó el penal para ganar el juego en el campeonato nacional de 1990, renunció luego de ser acusado, pero se declaró inocente.

Ningún otro empleado de UCLA fue imputado en la conspiración. Pero los fiscales alegan que al menos un entrenador de fútbol femenino de UCLA recibió un correo electrónico con las credenciales falsas de Lauren Isackson antes de que fuera aceptada por un comité de admisión de atletas, en 2016.

La hija menor de los Isackson fue admitida en USC como remera reclutada. La chica nunca había remado competitivamente, señalan los fiscales. Dos empleados de USC -Donna Heinel, una alta funcionaria del departamento de atletismo de la universidad, y Jovan Vavic, el entrenador de waterpolo-, fueron acusados con cargos de extorsión. Ambos se declararon inocentes.

Nadie en el programa de remo de USC fue acusado. Sin embargo, Singer le dijo a un padre -en una llamada grabada por los investigadores y citada en una declaración jurada del FBI- que un “entrenador de USC” no identificado decía: “Ustedes nos ayudan, nosotros los ayudamos a ustedes”.

Según Cotter, el ex fiscal federal, los fiscales creen que el matrimonio Isackson tiene información confiable y de primera mano. “El gobierno no va a hacer un trato y ofrecer clemencia si todo lo que un testigo tiene para ofrecer es un rumor de tercera mano”, explicó. “Esto no es un rumor, no es una habladuría. Esto es ‘Me reuní con él, me miró a los ojos y dijo esto”.

No obstante, la estructura de la argucia admitida por Singer no se presta para que todos los testigos cooperen, consideró Rosenthal, el profesor de derecho de Chapman. Más bien, afirmó, se asemeja a una conspiración de “un centro y sus conexiones”, en la que todos pasaban por Singer y los padres no se conocían entre sí, a diferencia de un esquema en el que todos estaban conectados entre sí.

El conocimiento de cualquiera de los padres sobre la estafa podría ser limitado. En el caso de Isackson, Rosenthal señaló que los fiscales no prometen en el acuerdo de cooperación decirle a un juez que merecen indulgencia.

“El gobierno no afirma: ‘Usted ha proporcionado asistencia sustancial y por eso, debe ser recompensado’”, explicó. “Lo que dice es: ‘Vamos a esperar y ver’”.

Algunos de los padres que pagaron las mayores sumas en la trama delictiva de Singer permanecen sin identificar. Uno de los padres le pagó $6.5 millones, detalló el procurador de Estados Unidos Andrew Lelling, en una conferencia de prensa realizada el mes pasado. Otro, identificado sólo como el padre de la “Solicitante de Yale nro. 1”, gastó $1.2 millones para garantizar que su hija fuera admitida en esa institución como futbolista reclutada.

Al ser presionado por un juez sobre la identidad de ese progenitor, Eric Rosen, el principal fiscal de Lelling en la investigación, aseveró: “No se han revelado cargos públicamente sobre la familia de la Solicitante de Yale nro. 1”.

La escuela Harvard-Westlake recibió órdenes judiciales por registros relacionados con al menos dos estudiantes cuyos padres no han sido acusados, indicó una persona familiarizada con el asunto.

En virtud de su acuerdo de cooperación, los Isackson acordaron declarar si los fiscales los convocan. Su testimonio podría reforzar la versión de la fiscalía y socavar el argumento que algunos abogados defensores ya habían presentado: que Singer, quien ya admitió haber obstruido la justicia, es la desmoronada piedra angular del caso del gobierno.

Singer se declaró culpable, el mes pasado, de cuatro delitos, entre ellos obstrucción a la justicia. El hombre comenzó a cooperar con las autoridades el año pasado, en el marco de un ofrecimiento de indulgencia. Siguiendo las instrucciones del FBI y con el pretexto de ser auditado, llamó a docenas de sus clientes y habló con ellos sobre su presunta participación en el plan.

“El gobierno quiere corroborar todo lo que Singer le diga al jurado”, indicó Manny Medrano, un abogado defensor de Los Ángeles y ex fiscal federal. “La defensa atacará agresivamente la credibilidad de Singer, por lo cual los fiscales utilizarán a esta pareja para asegurarse de que Singer no sea el único en describir el complot”.

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