CIDH emite medidas cautelares para presidente electo en Guatemala por presunto plan para matarlo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos de Guatemala, para que se resguarde su vida e integridad personal dado que su equipo habría tenido información “preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares”.

“Alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, dice la resolución de la Comisión, con sede en Washington.

En su fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado de Guatemala a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y seguridad de ambos políticos y a sus representantes. También le pide que informe sobre las acciones realizadas y las investigaciones sobre los hechos denunciados.

Arévalo, que aún ostenta el cargo de diputado al Congreso, confirmó a periodistas que la Comisión le había notificado “a partir de la serie de indicaciones que nos hacen temer la existencia de amenazas directas en contra de mi persona”. Dijo que ya está coordinando con el gobierno para establecer las medidas necesarias para atender la situación.

El fallo de la corte dice que Arévalo habría sido objeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, las que habrían incrementado tras la segunda vuelta electoral del 25 de junio”.

Algunas de las evidencias presentadas ante la CIDH fueron mensajes en redes sociales de cuentas llamadas “netcenters” en las que amenazaban de muerte al presidente electo.

También identificaron al presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz —sancionado por el gobierno estadounidense por socavar la democracia en el país—, quien amenazó a Arévalo en un mensaje diciendo que lo vería preso o prófugo por supuestamente haber cometido “varios delitos graves” como fraude.

Otra evidencia presentada a la comisión fue la información de agentes fiscales sobre un presunto plan de miembros del crimen organizado (pandilleros) para atacarlo.

Los guatemaltecos eligieron el domingo pasado a Arévalo y Herrera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para los próximos cuatro años, lo que supuso la derrota de la ex primera dama Sandra Torres en su tercera participación como aspirante a presidenta.

Arévalo fue la sorpresa de la primera ronda electoral realizada el 25 de junio, donde logró un segundo lugar que lo colocó en el balotaje. Fue entonces que el Ministerio Público aceleró acciones judiciales contra los miembros del partido Movimiento Semilla con el fin de evitar que éste pudiera participar en una segunda ronda electoral que terminó ganando.

Recibieron protección de resoluciones de las cortes que frenaron las maniobras judiciales en tanto dura el proceso electoral.

La fiscalía insiste en continuar con sus acciones contra los miembros del partido y los candidatos electos. También ha extendido sus acciones contra quienes dirigieron el proceso electoral y busca saber quiénes contaron los votos en las elecciones y quiénes fueron los digitadores que tuvieron a su cargo digitalizar las actas que contenían el recuento de los votos.

En su fallo, la Comisión también explica el contexto en el que vive el país centroamericano tras las elecciones y dijo que los peticionarios denunciaron que “el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política, y cuestionó el actuar de diversas autoridades estatales ” con el fin de evitar que asuman el cargo para el que fueron electos previsto para el 14 de enero de 2024.

En su informe previo a otorgar las medidas, el Estado de Guatemala dijo que no “advertía ninguna situación de gravedad” contra los políticos beneficiados con las medidas. También dijo que “no existe ninguna persecución política en Guatemala, dado que impera la institucionalidad y la democracia”.

Países de la comunidad internacional han mostrado preocupación sobre cómo en los últimos años se ha deteriorado el Estado de derecho y la democracia en el país centroamericano.

Analistas y expertos responsabilizan a la fiscal Consuelo Porras, sancionada por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala, de llevar a cabo una persecución contra periodistas, activistas y operadores de justicia que han huido del país y se han exiliado. Arévalo ha prometido acabar con la corrupción y sanear instituciones como la fiscalía.