La administración Trump pidió a la Corte Suprema que interrumpa la liberación de reclusos en riesgo durante la pandemia

Se le solicitó a la Corte Suprema que ponga fin a la liberación de los presos federales vulnerables al coronavirus en otro llamamiento de emergencia de la administración Trump.

Si COVID-19 supone un riesgo para los reclusos ancianos, ¿puede un juez ordenar su liberación?

May. 24, 2020 9:20 PM PT

WASHINGTON —

La administración Trump solicitó a la Corte Suprema que intervenga por primera vez en un caso relacionado con COVID-19, para bloquear el fallo de un juez que posibilita que una prisión federal de baja seguridad en Ohio transfiera, libere o envíe a sus hogares a algunos de sus presos ancianos y con salud más vulnerable.

“El gobierno se enfrenta actualmente a numerosas demandas que desafían las condiciones de reclusión en las cárceles federales de todo el país”, comentó el procurador general Noel Francisco, en una apelación presentada, y los abogados de los prisioneros buscan exigir la liberación total de los internos de prisiones de baja seguridad al imponer “una regla constitucional de seis pies en todo momento” en aras del distanciamiento social.

El tribunal, que podría actuar este fin de semana, se está metiendo en la refriega a medida que las prisiones estatales y federales en todo el país se han convertido en centros neurálgicos de infecciones y enfermedades por el coronavirus, y los funcionarios carcelarios buscan formas de reducir su población.

Más temprano el viernes, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) les dijeron a los jueces que sería “un tremendo error” que interviniera el tribunal superior. En ese sentido, señalaron que el magistrado de Ohio aún no había ordenado la liberación de un solo recluso.

Conceder la apelación “bloquearía una orden que salvará vidas”, advirtió David Cole, director legal nacional de ACLU.

“En todo el país, los tribunales han tardado en intervenir y asumir la responsabilidad de proteger a las decenas de miles de personas encarceladas que están en riesgo de contraer este virus. Se requerirá un liderazgo audaz de los tribunales para mitigar la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos”.

La institución correccional federal de Elkton, en el noreste de Ohio, ha sido duramente afectada por el coronavirus. A principios de mayo, nueve reclusos habían muerto, y uno de cada cuatro de los examinados dio positivo.

Una demanda presentada en nombre de cuatro presidiarios alegó que las condiciones allí eran inhumanas e inconstitucionales, con 2.500 hombres alojados en instalaciones estrechas de estilo dormitorio, y abarrotados cuando duermen, comen o se bañan.

En respuesta, el 22 de abril pasado, el juez federal de distrito James S. Gwin ordenó a la prisión evaluar su población carcelaria e identificar a aquellos que estaban en alto riesgo porque tenían 65 años o más o padecían afecciones como asma o una enfermedad cardíaca que los pondría en peligro si contrajeran el virus.

Posteriormente, la prisión afirmó que 837 presos estaban en esas categorías. Pero las autoridades señalaron más tarde que sólo cinco de ellos eran candidatos adecuados para ser liberados o quedar en prisión domiciliaria.

Los abogados que presentaron la demanda expresaron sorpresa, dado que el procurador general William Barr le había dicho a la Oficina Federal de Prisiones a fines de marzo que considerara la liberación anticipada o el confinamiento domiciliario en respuesta al virus.

Frustrado, el magistrado emitió una nueva orden el 19 de mayo pasado, diciéndole a los funcionarios carcelarios que enviaran a sus casas o liberaran a los reclusos de alto riesgo, o que los transfirieran a otra prisión; y en caso contrario, que explicaran por qué no lo hacían con cada uno de ellos. El juez detalló que quería que todos los internos fueran evaluados para tal medida antes del 26 de mayo.

El miércoles, el procurador general acudió directamente a la Corte Suprema. Francisco afirmó que los máximos jueces deben suspender la orden del magistrado y bloquearla mientras el gobierno presenta su queja al Tribunal de Apelaciones del 6to Circuito con sede en Cincinnati o, si eso falla, busca una revisión completa ante el tribunal superior. El caso es Williams vs. Wilson.

En administraciones pasadas, el gobierno rara vez enviaba llamamientos de emergencia a la alta corte. Por lo general, el procurador general busca la revisión de un fallo de un tribunal inferior una vez que el caso finalmente ha sido decidido por un tribunal de apelaciones. Pero desde que Trump asumió la presidencia, el patrón cambió.

Como sus acciones han sido cuestionadas rápidamente en los tribunales federales -y a menudo bloqueadas por los jueces- con la misma frecuencia Francisco ha acudido directamente al tribunal superior y pedido a los jueces que levanten o anulen un fallo de un tribunal inferior.

EEUU

El procurador general tuvo éxito la mayor parte de las veces. El miércoles, por ejemplo, los jueces emitieron una breve orden para impedir temporalmente que los demócratas de la Cámara vean archivos y entrevistas de la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Dos tribunales inferiores dictaminaron que el material debe entregarse a la Cámara, pero los jueces acordaron suspender esas decisiones mientras Francisco presenta una apelación completa.

En el caso de la prisión de Ohio, el procurador argumentó que el juez había sobrepasado su autoridad y evadido la Ley de Reforma de Litigios de Prisiones de 1995, que prohíbe a los reclusos impugnar las condiciones de prisión en un tribunal federal hasta que hayan tratado de solucionarlo mediante el sistema de quejas carcelarias.

Gwin había descubierto que las condiciones inhumanas de Elkton violaban la prohibición de los castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda, y dijo que la necesidad de remediar esta violación constitucional justificaba su intervención.

Pero Francisco calificó la acción de “titubeos judiciales” y afirmó que la orden de Gwin “no tiene en cuenta las limitaciones prácticas que enfrentan los administradores de prisiones que manejan el sistema penitenciario del país durante una emergencia de salud pública, e ignora los pasos reales y extensos que han tomado para proteger a los reclusos del riesgo de infección dentro de esas limitaciones”.

Para los abogados de ACLU, la pandemia requiere una respuesta de emergencia como la que ordenó Gwin. “El COVID-19 representa un peligro particularmente grave en Elkton, donde los prisioneros se ven obligados a vivir en una habitación compartida con aproximadamente otras 150 personas”, afirmaron a la corte.

“El gobierno ha limitado la posibilidad de [los reclusos] de mantener una distancia adecuada entre sí, exigiéndoles que duerman, coman y vivan a pocos metros de otros internos potencialmente contagiosos”.

Los jueces también tienen ante sí una apelación similar, pero más limitada, de un abogado de Nueva Orleans que busca asistencia para un recluso de Louisiana que tiene diabetes. En ese caso, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó el fallo de un juez federal de distrito a favor del prisionero.

Hace dos semanas, el tribunal superior rechazó una apelación de emergencia para dos presidiarios mayores en una prisión estatal de Texas, que buscaban más protecciones contra el COVID-19. El Quinto Circuito también había obstruido la orden de un juez para esos presos, citando su falta de presentar una apelación o queja ante el sistema penitenciario.

La jueza Sonia Sotomayor estuvo de acuerdo con el fallo estricto en el caso de Texas, Valentine vs. Collier, pero escribió en una declaración, a la cual se unió la jueza Ruth Bader Ginsburg, que los magistrados deben hacer más para proteger a los reclusos durante esta emergencia.

“Se ha dicho durante mucho tiempo que el valor de una sociedad se puede juzgar haciendo un balance de sus cárceles. Eso es más cierto que nunca en esta pandemia, donde los presos en todas partes son vulnerables y, a menudo, impotentes para protegerse del daño”, expresó. “Esperemos que las instalaciones de nuestro país sirvan como ejemplo, y no como modelo de lo que no se debe hacer”.

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