Acusan a la ciudad de Hesperia y al sheriff de San Bernardino de discriminar a inquilinos negros y latinos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes a la ciudad de Hesperia y al Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, acusándolos de discriminar a los afroamericanos y latinos por desalojos ilícitos.
La demanda citó una ordenanza de alquiler de Hesperia de 2016 que requería que los propietarios desalojaran a los inquilinos identificados por el Departamento del Sheriff por haber cometido transgresiones dentro o cerca de la propiedad. La demanda dice que la ciudad aprobó la ley para dirigirla a arrendatarios latinos y afroamericanos, muchos de los cuales fueron desalojados desproporcionadamente.
Hesperia, una ciudad del desierto de Mojave de poco menos de 100.000 personas, aprobó la ordenanza en un momento en que sus poblaciones afroamericanas y latinas estaban creciendo.
La ordenanza condujo a los desalojos de familias enteras, incluidos niños, durante un año y medio en que la ciudad obligó a los propietarios a cumplirla, según la demanda.
Se archivó después de que una investigación realizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano descubrió que los inquilinos negros tenían casi cuatro veces más probabilidades de ser desalojados que los blancos no hispanos y los inquilinos latinos tenían un 29% más de probabilidades de ser desalojados que los blancos no hispanos.
Los inquilinos fueron desalojados en violación de la Ley de Equidad de Vivienda, incluso si no habían cometido ningún delito, según la demanda. El Departamento del Sheriff determinó qué arrendatarios deberían ser expulsados.
En un caso, el Departamento del Sheriff exigió el desalojo de una pareja de ancianos latinos después de que su hijo adulto, que no vivía con ellos, fuera arrestado, según la demanda.
Titulares de Hoy
Aunque la ordenanza fue anunciada como una medida de lucha contra el crimen, su verdadero propósito era expulsar a “inquilinos afroamericanos o latinos de sus hogares y de Hesperia y disuadir a otros afroamericanos y latinos de mudarse a la ciudad”, señaló la demanda.
Durante una reunión del Ayuntamiento de 2015 sobre la medida, los funcionarios electos hicieron declaraciones públicas que revelaron la intención racista, asegura la demanda.
La denuncia citó a un miembro del concejo diciendo que la ordenanza era necesaria “para corregir un problema demográfico” y otros diciendo que el problema estaba en los nuevos residentes que se habían mudado del condado de Los Ángeles.
La demanda dice que la mayoría de los inquilinos en Hesperia en 2016 eran afroamericanos o latinos.
Rachel Molina, una portavoz de la ciudad, dijo que las declaraciones de los miembros del concejo citadas en la demanda se referían a elementos criminales, no a minorías.
“En primer lugar, me gustaría decir que Hesperia es una comunidad muy diversa”, dijo Molina. “Amamos y aceptamos la diversidad en Hesperia”.
Manifestó que la ciudad aún no había recibido la demanda el lunes, pero que la información que revisó en el sitio web del Departamento de Justicia era “inexacta”.
“La ciudad tiene la intención de defenderse vigorosamente de la demanda”, aseguró.
La denuncia busca una orden judicial para detener la discriminación en el futuro y pide una compensación financiera para los inquilinos que fueron perjudicados por la ordenanza.
Sharon Green, quien dirige una organización de vivienda sin fines de lucro que demandó a Hesperia por sus ordenanzas, dijo que espera que la demanda presentada el lunes “envíe un fuerte mensaje a las ciudades de todo el país de que no pueden discriminar”. Las cifras de personas sin hogar son demasiado grandes y ya hay bastantes obstáculos para que la vivienda se enfrente a este tipo de tonterías”.
La presentación se produjo seis años después de que los fiscales federales acusaron al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles de violar la Constitución de EE.UU y las leyes federales en su trato hacia los negros y otros residentes de viviendas públicas en el Valle del Antílope.
Los residentes se habían quejado de inspecciones sorpresa de viviendas subsidiadas por el gobierno, o Sección 8, destinadas a garantizar que los residentes cumplan con los términos de su asistencia.
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