Las autoridades recibieron repetidas advertencias en los meses anteriores a la muerte de los tres hermanos
En los meses previos a que tres hermanos pequeños fueran asesinados en el interior de un apartamento de Reseda, las alarmas sobre la capacidad de Liliana Carrillo para cuidar de los niños eran cada vez más fuertes.
Carrillo estaba “extremadamente paranoica” y errática, según el relato de su novio en los documentos judiciales, que describía sus afirmaciones cada vez más extrañas: que ella era “la única responsable” de la pandemia del COVID-19 y que su ciudad natal, Porterville, estaba acosada por una red de pedofilia.
“Temo por el bienestar físico y mental de mis hijos”, dijo el padre de los niños, Érik Denton, a un juez del condado de Tulare el mes pasado antes de que se le concediera la custodia física.
Las advertencias también llegaron a las autoridades del condado de Los Ángeles. La agencia de bienestar infantil del condado y el Departamento de Policía de Los Ángeles fueron alertados, en numerosas ocasiones, de que Carrillo era un peligro para los niños, según las entrevistas de The Times con Denton y su familia, junto con los registros judiciales y las fuentes familiarizadas con la investigación en curso.
El Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles había recibido al menos dos informes distintos relacionados con la familia. Pero a pesar de las repetidas conversaciones con el padre y la familia de los niños y una orden judicial de un juez del condado de Tulare que restringía la custodia de la madre, los trabajadores sociales optaron por mantener a los niños con su madre, según los registros y las entrevistas.
Teri Miller, una doctora de la sala de emergencias de Los Ángeles que también es prima de Denton y ayudó en un esfuerzo de semanas para poner a los niños a salvo, dijo que “el juez de Porterville escuchó y leyó toda la información, pero todo el mundo en L.A. seguía aplazando la decisión”.
Entonces, el sábado, los niños -Joanna, de 3 años; Terry, de 2; y Sierra, de 6 meses- fueron encontrados muertos dentro de un apartamento en Reseda. Dos de los niños mostraban signos de haber sido ahogados, y los tres tenían lesiones que indicaban que habían sido golpeados. No se ha hecho pública la causa de la muerte. La policía de Los Ángeles ha identificado a Carrillo, de 30 años, como sospechosa de los asesinatos, y estaba detenida el lunes en la cárcel del condado de Tulare como sospechosa de robo en segundo grado, según los registros.
El DCFS del condado de Los Ángeles, la mayor agencia de bienestar infantil del país, se negó a comentar los detalles del caso Carrillo, citando las leyes de confidencialidad del estado. En un comunicado, una portavoz de la agencia dijo que el DCFS “se une al luto de la comunidad”.
Denton, el padre de los niños, dijo en una entrevista y en peticiones a un juez del condado de Tulare que Carrillo había luchado contra la depresión posparto durante años. Ella había expresado pensamientos de suicidio y a menudo se automedicaba con marihuana, manifestó en los documentos judiciales, pero en los últimos meses, ella había “perdido el contacto con la realidad”, expuso.
Al parecer, la agencia de bienestar infantil del condado de Tulare recibió advertencias sobre la familia a finales de febrero. En ese momento, Carrillo había acusado al padre de los niños de participar en una red de pedofilia en Porterville y de permitir que alguien abusara de una de sus hijas, según el relato de Denton en los documentos judiciales y las entrevistas. La policía de Porterville fue llamada a la casa, dijo Denton en los documentos judiciales, pero el policía no hizo ningún arresto.
Días después, alrededor del 26 de febrero, la madre de Carrillo condujo desde Los Ángeles para recoger a su hija y a sus tres hijos. Carrillo le dijo a Denton que “podía irse a México”, donde tiene familia, y durante los días siguientes se negó a compartir su paradero, según los registros.
Una trabajadora social del condado de Tulare se puso en contacto con Denton después de que éste se pusiera en contacto con una línea telefónica de salud mental y, según los registros presentados posteriormente en el tribunal, dijo que la trabajadora social expresó su preocupación por el estado mental paranoico y agitado de Carrillo y le indicó cómo podía solicitar la intervención de un tribunal.
Denton consiguió una orden judicial de emergencia para la custodia de los niños en marzo, y el juez exigió que cualquier visita entre Carrillo y los niños fuera supervisada en un centro especial en Porterville.
Miller, el médico de la sala de emergencias, dijo que ella y Denton habían acudido entonces al DCFS del condado de Los Ángeles, así como a la policía de Los Ángeles, para notificar a las agencias que Carrillo tenía psicosis, se había llevado a los niños y se estaba escondiendo en Los Ángeles.
El comandante de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, dijo que el departamento suele seguir las indicaciones del DCFS en asuntos de custodia de los niños.
“Si el DCFS nos hubiera dicho que iban a ir al apartamento y que necesitaban nuestra ayuda, habríamos estado allí”, manifestó Hamilton.
Miller y Denton dijeron en entrevistas que tuvieron varias conversaciones con los trabajadores sociales del condado de Los Ángeles en las que ambos afirmaron que Carrillo no debía estar a solas con los niños. Una de las conversaciones con Denton duró más de dos horas, señaló Miller. Ambos recordaron que un trabajador social visitó en algún momento a Carrillo, pero ninguno de los dos sabía la fecha específica o la naturaleza del encuentro, ambos consideraron que la agencia no veía a Carrillo como una amenaza.
“La trabajadora social habló con Érik y le dijo: ‘No creo que Liliana vaya a hacerles daño a estos niños’”, reveló Miller.
Carrillo recibió la orden alrededor del 12 de marzo, según los registros, y después fue a la estación de West Valley de la policía de Los Ángeles, donde Denton le había pedido que entregara a los tres niños. Allí, un agente le notificó las consecuencias de no acatar la orden judicial, según un resumen de la reunión que Denton facilitó al tribunal. Al parecer, Carrillo optó por hacer caso omiso de la orden.
Después de descubrir el paradero de Carrillo, Denton y Miller dijeron que también llamaron a la policía de Los Ángeles y le rogaron que la llevara a un centro de salud mental para una evaluación psiquiátrica. Ambos dijeron a la policía que Carrillo era un peligro para los niños y para ella misma.
Denton comentó que estaba enfadado porque después de que se hiciera pública la noticia de los asesinatos de los niños, la policía de Los Ángeles sugirió que no tenían conocimiento de la presencia de Carrillo cuando declararon que los agentes no habían ido a la casa.
Miller dijo que dos oficiales se reunieron con ellos en un estacionamiento para discutir la condición de salud mental de Carrillo, y que los oficiales incluso llamaron a un supervisor para que estuviera presente.
“Les dije que podría matar a los niños. Debería estar en su video de cámara corporal de cuando nos reunimos”, expresó Miller.
“Desde el punto de vista médico, se trataba de una clara emergencia psiquiátrica”, añadió. “Si hubiera venido a mi servicio de urgencias y la familia me hubiera hablado de estos delirios y preocupaciones, la habría retenido para una evaluación psiquiátrica”.
Las autoridades se percataron además de los problemas con la familia hacia principios de abril, cuando Carrillo solicitó una orden de alejamiento temporal contra Denton y le acusó de abusar sexualmente de su hija mayor, según los registros judiciales. Denton negó la acusación. Carrillo también hizo la acusación de abuso directamente al DCFS del condado de Los Ángeles, según Miller, quien dijo que los trabajadores sociales no realizaron una entrevista formal con Denton sobre la denuncia. Además, Carrillo hizo una denuncia de abuso a DCFS contra un amigo de Denton, reveló Miller.
El sábado, la madre de Carrillo descubrió a los tres niños asesinados en el apartamento de Reseda, lo que provocó una búsqueda masiva de Carrillo, que huyó hacia el norte.
Las autoridades dijeron que Carrillo condujo hacia el norte por la autopista 65, pero estrelló su vehículo a unos 16 kilómetros de Delano. Cuando otro conductor, el sábado, acudió en su ayuda, supuestamente le robo una camioneta Toyota plateada, según las autoridades. Carrillo fue finalmente detenida cerca de Ponderosa, en el condado de Tulare.
Denton y su familia, siguen afectados por el dolor y frustrados por las oportunidades perdidas de proteger a los niños.
“Las manos de Érik estaban atadas por la ley”, manifestó Miller. “Pasó por todos las requisitos que se le pusieron delante para recuperar a los niños sanos y salvos”.
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