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Le perdonan la deportación tras la muerte de su padre por COVID-19 y el diagnóstico de Alzheimer de su madre

Andrea Anaya ve su tarjeta de residencia y una sonrisa ilumina su rostro que durante años ha estado cabizbajo.

La inmigrante de México, de 43 años, había vivido más de dos décadas en Estados Unidos como indocumentada, y con el temor de la deportación que millones de personas enfrentan en este país.

Pero “la verde”, no llegó a sus manos antes de que su padre muriera debido al COVID-19 en agosto de 2020, y su madre de 73 años fuera diagnosticada con Alzheimer en octubre del mismo año.

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“El año pasado fue muy difícil para toda la familia”, expresó Anaya. “Algunos de mis hermanos se enfermaron de coronavirus, mis padres también, y finalmente mi papá falleció”, dijo Anaya, originaria de Sahuayo, Michoacán.

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Poco tiempo después del deceso de su padre, Anaya se enfrentó a otra realidad difícil; el diagnóstico de su madre de Alzheimer.

“Sin mi padre al lado de mi madre para cuidarla, nadie más podría hacerlo, solo yo. Entonces empezaron a llegar las preocupaciones sobre quién cuidaría de ella en caso de que yo fuera deportada”, relató la residente de Hesperia.

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Sin embargo, ese no era el único problema de Anaya. Hace 10 años, su esposo fue deportado a México después de que las autoridades lo arrestaran porque tenía infracciones de carretera, y lo entregaran a las autoridades de inmigración. Poco después de la deportación, el esposo de Anaya falleció. Entonces quedó sola con su hijo Fabián, quien es ciudadano americano.

“Fue muy triste perder a mi esposo y ha sido difícil crear a mi hijo sin un padre. Como indocumentada vivía con el miedo de que me deportaran en cualquier momento, pues mi madre y mi hijo iban a quedar desprotegidos”, dijo.

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“Mi madre no puede ir al médico por sí sola, y con una enfermedad degenerativa sabemos que el asunto puede llegar a mayores, así que ella debe tener a alguien a su lado. Al igual mi hijo de 19 años que sufre de ansiedad”, expuso.

Cuando Anaya vino a Estados Unidos en 1992, ella ya había cumplido la mayoría de edad, y aunque sus padres eran ciudadanos americanos ya no la podían ayudar a regularizar su estadía.

Anaya comprendía que, como inmigrante, estaba limitada a lo que podía hacer en Estados Unidos, así que prefirió vivir una vida debajo del radar de las autoridades sin salir del estado de California, acudiendo a trabajos poco remunerados para evitar que le pidieran la residencia y el seguro social, durante años trabajó limpiando casas y vendiendo productos en la calle como Avon y Herbalife.

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“Todos sabemos que como indocumentados tenemos las manos atadas en muchos aspectos de nuestras vidas, pero lo más importante es estar cerca de la familia”, dijo Anaya, quien en 2018 había ahorrado para conseguir ayuda legal después de varios intentos fallidos.

Según Anaya, tanto notarios públicos como algunos abogados le decían que su mejor opción era esperar por una reforma migratoria, pero no fue hasta este agosto pasado que recibió la noticia que quería escuchar durante años.

La clemencia de un juez de inmigración le concedió el beneficio del proceso 42b Cancelación de Deportación, pero no solo eso, sino que el caso de Anaya y su mamá conmovió tanto al juez al grado de otorgarle la residencia permanente exprés.

Cada año se otorgan 10.000 residencias bajo este proceso, y cuando se agotan, el solicitante tiene que esperar hasta el año siguiente y así consecutivamente.

Bajo este programa, explica el abogado, “le quitamos al gobierno el derecho de sacar a una persona del país”.

No se trata de someter solo un trámite, sino de una pelea con los fiscales de inmigración frente a una corte migratoria que escuche el por qué una persona debe recibir la residencia o no. El proceso tiene cuatro requisitos para poder calificar, la persona debe tener por lo menos 10 años dentro país, no haber cometido delitos graves, tener al menos un familiar residente o ciudadano (padre, hijo, esposo o esposa o menor de edad), y mostrar que una deportación podría traerle graves consecuencias a los que deja atrás.

En el caso de Anaya, ella pudo constar que su padre murió y que sus cuatro hermanos no podrían cuidar de su madre, ni siquiera llevarla a sus terapias, citas médicas o atender el hogar. También mostró que ella es indispensable en la vida de su hijo.

Anaya no tuvo que esperar indefinidamente por su residencia, ahora, con la tarjeta en mano, ella puede aplicar para la ciudadanía en cinco años.

“Andrea (Anaya) es una muestra de esperanza para miles de inmigrantes que por décadas han vivido en las sombras por miedo o desinformación”, explica el abogado Sergio Siderman, cuyo equipo legal la representó en todas las audiencias en tribunales migratorios, incluso, en medio de la pandemia.

Anaya ahora quiere estudiar, conseguir un empleo más remunerado, visitar otros estados sin temor a la deportación y seguir cuidando de su hijo y madre.

“Y, lo más importante, es que nadie me podrá separar de mis seres queridos”, dijo Anaya.


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