La comunidad critica el trabajo del sheriff con ICE, mientras los traslados de presos siguen bajando

Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y miembros de la comunidad presionaron al sheriff de San Diego, Bill Gore, para que deje de entregar a presos bajo la custodia del condado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en un foro comunitario realizado por la Junta de Supervisores del condado.

Los grupos también pidieron una mayor transparencia sobre el grado de cooperación de la agencia con los funcionarios federales de inmigración en los grupos de trabajo locales y a la hora de compartir datos, diciendo que cualquier colaboración provoca miedo en las comunidades de inmigrantes y daña la seguridad pública.

Cuando se detiene a una persona y se determina que no es un ciudadano legal de los Estados Unidos, el ICE puede colocar una orden de retención, que es una solicitud de los funcionarios federales a la policía local para transferir a alguien después de su liberación de la custodia local a la custodia federal para su deportación.

El Departamento del Sheriff de San Diego solo está autorizado a cumplir con esas solicitudes en circunstancias específicas, como si el recluso es condenado por un delito grave o violento, o si la persona cumple con otros requisitos específicos descritos en la ley de santuario de California. Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que Gore no está obligado a cumplir con esas solicitudes federales en absoluto.

“El sheriff tiene el cien por ciento de la autoridad y el poder de no transferir a nadie”, dijo María Chávez en el foro del martes. Ella es asesora legal del San Diego Immigrants Rights Consortium, una coalición de 50 organizaciones que ha monitoreado la implementación de la ley santuario de California por parte del condado.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la colaboración con los agentes federales de inmigración viola una ley de California que protege a los residentes indocumentados. La Ley de Valores de California, o Proyecto de Ley del Senado 54, impide que las agencias estatales y locales utilicen recursos locales para ayudar a la aplicación de la ley federal de inmigración. El proyecto de ley fue firmado en octubre de 2017 y entró en vigor en 2018.

Algunos condados de California han prohibido la práctica de entregar a los reclusos a la custodia federal de inmigración y otros han enfrentado demandas de la Unión de Libertades Civiles Americanas o ACLU por seguir cooperando con los funcionarios de inmigración.

“Es inhumano. (La gente) está siendo sometida esencialmente a un doble juicio. Están siendo juzgados por el sistema penal y luego son transferidos a inmigración y son juzgados por la misma situación”, dijo Chávez.

Funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego dijeron el martes que la agencia ha reducido drásticamente el número de reclusos entregados al ICE. Los datos del sheriff mostraron que 1143 reclusos fueron transferidos a ICE en 2017. Eso se redujo a 266 en 2018, 271 en 2019 y 78 en 2020.

Gore dijo que su departamento autorizó las transferencias al ICE de reclusos que habían sido condenados por delitos graves que incluían robo, asalto y delitos relacionados con la venta de drogas.

El informe del Departamento del Sheriff sobre sus interacciones con el ICE se produjo durante el foro anual de la comunidad sobre la Ley de Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas (TRUTH, por sus siglas en inglés), requerida bajo las leyes locales y estatales de santuario.

“El Departamento del Sheriff ha mantenido su compromiso de desarrollar y mantener relaciones de colaboración con todas las partes interesadas en un esfuerzo por construir y fortalecer la confianza pública y garantizar la seguridad pública”, dijo Gore en su discurso de apertura.

Gore agregó que la agencia adoptó algunas recomendaciones de la comunidad del foro del año pasado, como la eliminación de las fechas de liberación de los reclusos de su sitio web público y la adopción de medidas disciplinarias contra los agentes que se encargan de llamar a las autoridades de inmigración “extraoficialmente” y fuera de los canales oficiales.

Gore añadió que se encuentra en “una posición muy desafiante” para equilibrar la necesidad de crear confianza con las comunidades de inmigrantes y proteger al público de la delincuencia.

Gore también señaló que cree que San Diego es probablemente el condado urbano más seguro de Estados Unidos, y añadió que “eso no ocurre por accidente. Ocurre gracias a la ardua labor de las fuerzas del orden que trabajan con las comunidades” en cuestiones como las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas, el contrabando de personas y la crisis del fentanilo.

El supervisor del condado, Nathan Fletcher, dijo que “estudios cuantitativos” demuestran que las jurisdicciones de tipo santuario son estadísticamente más seguras porque están “diseñadas para crear confianza entre las fuerzas del orden locales y las comunidades que vigilan”.

“Me atrevería a afirmar que tal vez una de las razones por las que somos uno de los condados urbanos más seguros de Estados Unidos es porque somos una comunidad santuario”, añadió más tarde Fletcher, reflexionando sobre cómo la legislatura estatal intervino hace una década con leyes santuario luego de que la policía de Escondido empleará los puestos de control para identificar a conductores intoxicados como retenes de migración.

Según la ley TRUTH, el Departamento del Sheriff está obligado a informar públicamente sobre los casos en los que decide cooperar con el ICE.

Un par de docenas de personas opinaron el martes por la noche en persona o virtualmente. La mayoría habló en contra de la cooperación del sheriff con ICE bajo cualquier circunstancia. Algunos se registraron para hablar a favor de la cooperación continua, pero no hicieron comentarios públicos.

Varios oradores expresaron su preocupación acerca de la medida en que las agencias policíacas locales siguen cooperando con los funcionarios federales de inmigración al servir en los grupos de trabajo conjuntos y al compartir datos con las agencias del Departamento de Seguridad Nacional.

Las agencias policiales locales, incluyendo el Departamento del Sheriff de San Diego y el Departamento de Policía de Chula Vista, siguen permitiendo que ICE tenga acceso a información reportada a un proveedor privado externo, Vigilant Solutions, según los defensores de los derechos de los inmigrantes.

El Departamento del Sheriff “sigue compartiendo datos con las agencias del DHS”, dijo Dulce García, directora ejecutiva de Border Angels, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos.

García, que también preside el San Diego Immigrants Rights Consortium (Consorcio para los Derechos de los Inmigrantes de San Diego), habló de las consecuencias personales que ha tenido para su familia la colaboración entre los agentes locales y los federales.

“Durante muchos años, mi familia ha soportado el impacto, específicamente el trauma de la separación familiar como consecuencia directa de la colaboración entre ICE y la oficina del sheriff. Al igual que mi familia, muchos clientes han soportado un trauma similar, en parte debido a que el ICE tiene acceso a las cárceles”, dijo.

La Junta de Supervisores votó a favor de aceptar el informe del Departamento del Sheriff sin más medidas.