En su nuevo mandato, la Corte Suprema deberá decidir sobre los Dreamers, derechos laborales LGBTQ y el aborto

La Corte Suprema inicia un nuevo mandato este lunes, en el cual deberá abordar decisiones sobre los llamados Dreamers, los derechos LGBTQ, la religión y el aborto.

Los jueces deberán decidir si el presidente Trump puede revocar las protecciones de la era Obama para más de 700.000 jóvenes inmigrantes, conocidos como Dreamers, que fueron traídos sin autorización al país cuando eran niños. También evaluarán si la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral “debido al sexo”, protege del despido a empleados homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales o queer.

Los casos se presentarán ante un tribunal con cinco magistrados conservadores, designados por republicanos, y cuatro liberales, nombrados por los demócratas.

En comparación con la relativa calma del año pasado, la lista de sumarios de este período seguramente generará más divisiones ideológicas, predijo Irv Gornstein, director del Instituto de la Corte Suprema de la Facultad de Derecho de Georgetown. “Probablemente veremos que el tribunal se mueve más, y con mayor velocidad, hacia la derecha”, expuso. “La lista de casos prácticamente lo garantiza”.

Pero el comodín nuevamente podría ser el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., quien a menudo se esfuerza por demostrar que el tribunal superior, a diferencia del resto de Washington, no está dividido en líneas políticas. “Cuando hay un entorno políticamente polarizado, la gente tiende a ver todo en esos términos”, aseveró Roberts el mes pasado, en una presentación en la ciudad de Nueva York. “No es así como actuamos en la Corte”.

A fines de junio, el magistrado habló a favor de una mayoría conservadora por 5-4 votos para rechazar los desafíos legales a la manipulación electoral partidista y defender un mapa electoral creado por los republicanos en Carolina del Norte, que le permitió a ese partido mantener el control de 10 de los 13 distritos del Congreso estatal. Pero el presidente del alto tribunal cambió de bando y se unió a los cuatro liberales para bloquear el plan de la administración Trump de agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020. Ese par de decisiones, evaluadas juntas, finalizó el último mandato con un tono bipartidista.

Es probable que los principales casos sobre los derechos LGBTQ y los Dreamers dividan a los jueces en líneas conocidas. Algunos pocos sostienen que, cuando el Congreso aprobó la histórica Ley de Derechos Civiles, en 1964, su objetivo fue proteger a los empleados homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales o queer. Pero el Título VII de la ley señala que los empleadores no pueden despedir a alguien “por causa de su raza, color, religión, sexo u origen nacional”.

Los defensores de los derechos LGBTQ señalan esas palabras e invocan una fuente poco probable de apoyo: el fallecido juez Antonin Scalia. El ícono conservador había insistido en que los magistrados deberían decidir los casos con base en las palabras de la ley, no en las intenciones de los legisladores. En uno de esos ejemplos, redactó una opinión en 1998 en la que sostuvo un reclamo de acoso sexual presentado por un trabajador masculino en una plataforma petrolera en alta mar, que había afirmado que otros hombres lo acosaban en la ducha.

Basándose en el enfoque de Scalia, los tribunales de apelaciones de EE.UU en Nueva York, Chicago y Cincinnati dictaminaron recientemente que la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género de un empleado es un acto ilegal “debido al sexo”, en virtud de la Ley Federal de Derechos Civiles.

Pero la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Atlanta desestimó un reclamo de discriminación similar presentado por Gerald Bostock, coordinador de bienestar infantil para el condado de Clayton, Georgia, quien alegó que fue despedido poco después de unirse a una liga de softball para personas LGBTQ.

El martes, el tribunal escuchará los argumentos del caso de Bostock vs. el condado de Clayton, junto con una demanda presentada por una empleada transgénero que fue despedida de su trabajo en una funeraria de Detroit.

Los abogados de la administración Trump instarán a la corte a que se pronuncie a favor de los empleadores. “El significado corriente de “sexo” es biológicamente masculino o femenino”, dicen, y no incluye orientación sexual o identidad de género.

Una amplia coalición de grupos liberales apoya a los empleados despedidos. “El principio detrás de la ley de derechos civiles es que los empleados deben ser juzgados por sus méritos, no por su identidad o la identidad de su cónyuge o su equipo de softball”, afirmó Sunu P. Chandy, directora legal del Centro Nacional de Derecho de la Mujer.

California y otros 21 estados tienen leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual, pero el Congreso no ha agregado una protección tan explícita a la ley federal. Si el tribunal superior dictamina en contra de los empleados, “equivaldría a anunciar a los empleadores en la mitad del país que es perfectamente legal despedir a los empleados LGBTQ”, remarco Chandy.

El 12 de noviembre, el tribunal escuchará el caso de los Dreamers contra el presidente Trump. Poco después de que el actual mandatario asumiera el cargo, su administración anunció que revertiría la orden del presidente Obama que otorgaba un alivio de la deportación y permitía la emisión de permisos de trabajo para 700.000 jóvenes inmigrantes que habían llegado al país cuando eran niños.

Sin embargo, los asesores de Trump afirmaron esto alegando que el decreto de Obama, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), era inconstitucional e ilegal. Un juez en San Francisco y en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU bloqueó la revocación, por motivos procesales. Esos jueces consideraron que la orden de Obama era completamente legal y, por lo tanto, no podía ser revocada en base a un reclamo falso.

Después de dar un paso al costado durante casi un año, los magistrados acordaron escuchar la apelación de Trump en el caso del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU versus los Regentes de la Universidad de California, junto con los casos de Nueva York y Washington, D.C. Los defensores de los Dreamers deben captar al menos a un conservador de su lado, y alistaron al ex procurador general Ted Olson, un republicano, para defender su caso.

Dos resoluciones recientes sobre cuestiones relacionadas apuntan en direcciones opuestas. En junio de 2018, los conservadores de la corte confirmaron la prohibición de viaje de Trump por 5-4 votos, con el argumento de que el primer mandatario tiene un amplio poder sobre la inmigración. Pero en junio de este año, Roberts habló por una mayoría liberal de 5-4 para bloquear la cuestión de la ciudadanía con el argumento de que los asesores de Trump dieron una razón “forzada” y falsa para proponer el cambio.

Sobre el aborto, el tribunal está listo para dictaminar durante este mandato sobre la regulación de los médicos que realizan dichos procedimientos, pero no sobre la prohibición de la práctica. En febrero, el tribunal bloqueó temporalmente a Louisiana para que no aplique una nueva norma que exigiría que todos los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión en un hospital cercano. Hace tres años, el tribunal superior revocó por 5-3 votos una ley idéntica en Texas, con el argumento de que ello cerraría la mayoría de las clínicas del estado. El juez Anthony M. Kennedy, ahora retirado, estuvo entre la mayoría en ese momento.

El año pasado, un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans confirmó la ley de Luisiana, aunque se esperaba que obligara a todas las clínicas -menos una- a cerrar en ese estado. El viernes, los jueces adelantaron que escucharían el caso de June Medical Services vs. Gee, y el fallo del año electoral indicará si el tribunal está listo para mantener una regulación mucho más estricta de los proveedores de abortos.

El próximo año también podría enfrentar decisiones sobre varios reclamos de libertad religiosa. En un caso de Montana, los jueces decidirán si los estados deben otorgar becas a los estudiantes que asisten a escuelas religiosas si otorgan subsidios a otras escuelas privadas (Espinoza vs. Montana).

Hace dos años, Roberts calificó la cuestión como una discriminación “odiosa para nuestra Constitución” cuando Missouri se negó a otorgar una subvención a la Iglesia Luterana Trinity para reparar su patio de recreo escolar. Ahora ese precedente se cita como la base para dar fondos públicos a las escuelas de la iglesia.

Los magistrados también están evaluando las apelaciones por derechos religiosos de Servicios Sociales Católicos en Filadelfia, agencia que afirma haber sido retirada del sistema de cuidados de crianza de la ciudad porque se negó a enviar a niños a hogares de parejas del mismo sexo, y de un florista cristiano en el estado de Washington que fue acusado de violar la ley estatal de derechos civiles por negarse a vender flores para una boda entre personas del mismo sexo. “Este podría ser uno de los períodos más importantes para la libertad religiosa en mucho tiempo”, adelantó Luke Goodrich, abogado de Becket Fund on Religious Liberty.

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