La muerte de un niño aparentaba ser una falla del sistema de Bienestar Infantil de L.A. pero al parecer no fue así

El caso parecía encajar en la narrativa bastante común sobre el Departamento de Servicios para Niños y Familias.

Noah Cuatro, un chico de Palmdale que era conocido por los trabajadores sociales, murió en circunstancias sospechosas bajo el cuidado de sus padres, a quienes se les había interrogado en el pasado sobre presuntos abusos y negligencia. El departamento, semanas antes de la muerte del niño en julio, había recibido permiso de un juez para sacarlo de su casa, y no lo hizo.

Esto aún cuando otro niño había fallecido por las ‘fallas’ del sistema. Es el tipo de historia que ha perseguido durante mucho tiempo el problemático sistema de bienestar infantil del condado de Los Ángeles.

Pero ahora, un nuevo informe sobre el caso descubrió que los trabajadores sociales y sus supervisores actuaron adecuadamente al dejar al niño de 4 años en casa, a pesar del trágico resultado.

“Finalmente hicieron lo correcto”, dijo Michael Nash, director ejecutivo de la Oficina de Protección Infantil, que evalúa la política y las operaciones de bienestar infantil para la Junta de Supervisores del condado. “El departamento supervisaba permanente a esta familia”.

Los hallazgos no eximirán al DCFS de posibles demandas o de un mayor escrutinio por parte de la Junta de Supervisores, y los defensores del bienestar infantil entrevistados por el Times se mostraron más escépticos sobre las conclusiones y plantearon preguntas sobre la minuciosidad general del informe.

“Este informe prematuro y egoísta de ninguna manera despeja al DCFS de irregularidades y no fue más que un truco de relaciones públicas para desviar la responsabilidad civil”, dijo el abogado Brian Claypool, quien presentó una demanda de $50 millones contra el departamento en el caso de otro menor, Anthony Ávalos, quien murió en 2018.

Pero el informe, obtenido por el Times a través de la Ley de Registros Públicos de California, arroja nueva luz sobre un caso que ha sido un misterio durante semanas, ya que los funcionarios han ocultado detalles para proteger a los hermanos del niño y la integridad de la investigación en curso sobre lo que las autoridades describen como una “muerte sospechosa”.

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Sep. 4, 2019

Los padres del niño, José y Úrsula Cuatro, no han sido acusados de ningún delito. Sus abogados no respondieron llamadas para hacer comentarios.

El informe resume los archivos confidenciales de los casos y comienza a responder lo que había sido una pregunta central en el caso: ¿por qué los trabajadores sociales presentaron una solicitud de 26 páginas para remover a Noah de la casa de sus padres y no lo hicieron?

Dichas decisiones ocurren sólo en una fracción de los miles de casos que involucran órdenes de remoción cada año, según los registros del departamento.

El informe explica que a pesar de recibir el permiso del Comisionado de la Corte Superior, Stephen Ipson, para remover a Noah, los trabajadores sociales decidieron dejar al niño en casa porque no se habían confirmado las nuevas acusaciones de negligencia y abuso. Sin embargo, decidieron “aumentar” la supervisión al menor y lo visitaron semanas antes de su muerte, dijo Nash, quien también fue un juez presidente y ahora está retirado de los tribunales de menores en Los Ángeles.

El informe de Nash afirma que los trabajadores sociales dijeron que el niño parecía estar de buen humor y se había relacionado bien con su madre en los meses previos a su muerte.

Noah murió en el hospital el 6 de julio, un día después de que sus padres llamaran al 911, diciendo que se había ahogado en una piscina de un complejo de apartamentos. El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, manifestó a los periodistas que la muerte parecía inconsistente con un ahogamiento y comenzó una indagación. Los investigadores del condado han dicho poco sobre su progreso y pidieron a otras agencias del condado, como la Oficina Forense que realizó la autopsia, que hagan lo mismo.

Mientras tanto, los cuestionamientos sobre el Departamento de Servicios para Niños y Familias, que todavía se ocupan de otros casos de menores que murieron bajo supervisión en el Valle del Antílope, también han quedado en gran medida sin respuesta.

“Cuando no puedo hablar de algo, hay una parte de mí que dice: ‘Hay cosas que debo poner por delante de esto’”, dijo Bobby Cagle, director de DCFS. “Hay detalles más importantes en juego, especialmente cuando una investigación criminal está en curso. Quiero asegurarme de no hacer nada que repercuta el posible enjuiciamiento”.

Sin embargo, Nash, en su informe, hace público un cronograma oficial de las interacciones entre la agencia y la familia Cuatro, a partir de agosto de 2014. Fue entonces cuando Noah fue colocado en hogares de guarda y luego con su bisabuela Eva Hernández, quien también está siendo representada por Claypool en una demanda potencial contra el DCFS.

El informe ilustra cómo los controles y equilibrios de un sistema de bienestar infantil que a menudo se critica por su disfunción, de alguna manera, funcionaron según lo previsto cuando se tomó la decisión de descartar a Noah. Hubo un desacuerdo entre los trabajadores sociales sobre si era apropiado separar al niño de sus padres nuevamente por recientes acusaciones de negligencia y abuso, y finalmente intervino un supervisor y un administrador.

“El verdadero problema es si la investigación del DCFS sobre los informes de abuso infantil fue una investigación adecuada”, dijo Margaret Coyne, abogada y directora ejecutiva de Advokids, que opera una línea directa gratuita de asesoramiento legal para jóvenes en hogares de crianza.

Los defensores del bienestar de los niños señalan que el informe a veces enumera las decisiones de los trabajadores sociales sin muchos detalles, y plantea preguntas sobre si el DCFS buscó signos de problemas de manera suficientemente agresiva. Otros también han expresado su preocupación por la integridad del informe, que tardó más de un mes en compilarse siguiendo una directiva de los supervisores en las semanas posteriores a la muerte de Noah.

Y aunque el informe profundiza en la racionalidad detrás de la decisión de los trabajadores sociales de no excluir al niño, no revela en detalle lo que le dijeron al tribunal para asegurar esa orden en primer lugar o cómo respondió Ipson. Esos documentos permanecen sellados. Un abogado que representa al Times, Dan Laidman, argumentó en la corte el 9 de septiembre que deberían ser revelados.

Los trabajadores sociales habían estado involucrados con Noah durante gran parte de su vida. Una de sus primeras interacciones con él se produjo en 2014, cuando una hermana pequeña de Úrsula Cuatro sufrió una fractura de cráneo mientras estaba bajo su cuidado en el hogar de la familia. Al mismo tiempo, hubo denuncias de que el padre de Noah, José Cuatro, abusó de la marihuana.

Noah fue enviado de vuelta a vivir con sus padres al año siguiente, después de que una evaluación médica concluyó que la lesión de la hermana de Úrsula Cuatro no fue el resultado de abuso, y después de que los trabajadores sociales no encontraron evidencia del uso de drogas por parte del padre de Noah.

Pero para 2016, Noah regresó a cuidado de crianza después de las acusaciones de que sus padres lo habían descuidado médicamente, quienes no lo llevaron a varias citas médicas, según el informe de Nash. La corte volvió a colocar a Noah con Hernández, y sus padres comenzaron a tratar de cumplir con las demandas de la corte para la reunificación familiar.

Los padres hicieron un “progreso tremendo” cumpliendo con el plan del caso, a pesar de algunas inconsistencias en la programación de visitas nocturnas con Noah, según el informe. Y para 2018, un tribunal envió a Noah de regreso con sus padres por las objeciones de los funcionarios del DCFS, quienes continuaron preocupados por la conexión del niño con su madre.

En los meses siguientes, los trabajadores sociales tuvieron numerosos encuentros con Noah, que a veces parecía normal, según el informe. Pero también les pareció letárgico durante una visita, tal vez por una infección en el oído, y se le ordenó someterse a un examen médico después de que los trabajadores sociales notaron un hematoma en la espalda, que según dijo fue por una caída de una litera.

Aún así, los trabajadores sociales seguían preocupados, según el informe. En un momento, los trabajadores sociales manifestaron que Noah parecía “entrenado” y asustado por la presencia de los oficiales. Úrsula Cuatro, decía el informe, también mostró signos de enfermedad mental. Estaba embarazada pero afirmaba estar sirviendo como sustituta. Tampoco había matriculado a Noah en preescolar o no había participado en terapia familiar.

Según el informe, al menos un trabajador de DCFS se refirió a ambos padres como “mentirosos habituales que se presentan como personas de bien”.

Luego, en mayo de 2019, se hizo otra ronda de denuncias a través de una línea de información; el informante dijo que los familiares presenciaron a Noah sufrir de terrores nocturnos, que el niño había visto a su padre agredir a su madre y que posiblemente fue abusado sexualmente.

Con base en esa información y el historial de la familia con el DCFS, un trabajador social solicitó una orden judicial para sacar a Noah de su hogar el 15 de mayo, a pesar de que los trabajadores sociales aún no habían verificado la información. Ipson lo aprobó rápidamente, según la evaluación de Nash en el informe.

Pero en los días que siguieron, los padres de Noah y los familiares que habían dicho al informante haber presenciado el abuso le dijeron a los trabajadores sociales que las acusaciones eran falsas. Noah también apareció de buen humor y negó cualquier abuso, según los trabajadores sociales citados en el informe.

Mientras continuaba la investigación del DCFS, los trabajadores sociales no estaban de acuerdo sobre si la orden para remover a Noah debería haberse presentado.

El 22 de mayo, los trabajadores sociales y un alto funcionario del DCFS reevaluaron el caso. Como creían no tener suficientes pruebas de abuso para justificar la extracción del niño de su casa, decidieron no usar la autorización del juez para hacerlo. En cambio, acordaron intentar una reunión formal con la familia y Noah, y considerar una nueva supervisión de los tres hermanos de Noah, debido a sus preocupaciones sobre la salud mental de la madre y su incumplimiento de las órdenes judiciales, según el informe.

A mediados de junio, los trabajadores sociales seguían investigando las últimas denuncias. Aunque creían que la madre descuidó a Noah, la indagación del presunto abuso por parte del padre no fue concluyente. Los trabajadores sociales vieron a Noah por última vez a finales de junio. Les dijo que estaba bien, según el informe de Nash.

Actualizaron la información a la corte a fines de junio y pidieron un seguimiento de 30 días para investigar más a fondo.

Noah murió dos semanas después.

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