El FBI cometió graves errores durante la investigación de abusos sexuales contra Larry Nassar, según el Departamento de Justicia
El organismo de control interno del Departamento de Justicia criticó duramente la investigación del FBI sobre el exmédico del equipo olímpico, Larry Nassar, por acusaciones de haber abusado de decenas de jóvenes gimnastas, concluyendo en un extenso informe publicado el miércoles que los agentes cometieron “errores fundamentales” en su investigación y no respondieron con un sentido de urgencia a las acusaciones.
El informe de 119 páginas, elaborado por el inspector general del Departamento de Justicia, describe un retrato condenatorio de cómo el FBI manejó mal las graves acusaciones contra Nassar, que fue médico del equipo olímpico de Estados Unidos, de USA Gymnastics y de la Universidad Estatal de Michigan.
Aunque el inspector general fue especialmente crítico con los agentes de Indianápolis por no tomarse en serio las acusaciones, también descubrió que los agentes de Los Ángeles no habían tomado medidas que hubieran mitigado “el peligro continuo que suponía Nassar”.
En los 14 meses transcurridos entre las primeras denuncias de abusos al FBI en julio de 2015 y la redada de la policía local en la casa de Nassar en septiembre de 2016, alrededor de 70 jóvenes atletas fueron presuntamente abusadas por el médico, señaló el inspector general, citando una revisión de los archivos de los tribunales civiles.
El informe del organismo de control es el último examen sobre cómo los fallos de supervisión y detección de los famosos programas deportivos estadounidenses y los investigadores federales permitieron que un médico abusara de decenas de jóvenes atletas bajo el pretexto de proporcionarles tratamiento médico. El escándalo provocó una profunda revisión por parte de los responsables deportivos, investigaciones internas, demandas y propuestas de ley para reformar los programas olímpicos de Estados Unidos.
USA Gymnastics -el organismo rector del deporte que selecciona al equipo olímpico de Estados Unidos- y el Comité Olímpico de Estados Unidos, que desde entonces se ha rebautizado como Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, o USOPC, se han enfrentado a litigios, una mayor supervisión y amplios cambios de personal. El estado de Michigan ha pagado hasta ahora 500 millones de dólares para resolver las demandas.
Nassar, que fue arrestado dos meses después de la redada en su casa, fue condenado en 2018 a entre 40 y 175 años de prisión después de declararse culpable de cargos estatales de agresión sexual y cargos federales de posesión de pornografía infantil. El informe del inspector general dijo que los investigadores del FBI determinaron que el médico había agredido sexualmente a más de 100 víctimas y poseía miles de imágenes de pornografía infantil.
El inspector general, Michael Horowitz, comenzó su investigación sobre el FBI en 2018 después de que los informes de noticias y las declaraciones de los legisladores y las víctimas plantearon preocupaciones sobre la exhaustividad de la investigación de la oficina.
John Manly, un abogado de las gimnastas McKayla Maroney y Aly Raisman y de muchos otros atletas que fueron abusados sexualmente por Nassar, dijo que el informe podría ser “la cosa más condenatoria [que había] leído sobre una agencia de aplicación de la ley”. “Toda una oficina del FBI ocultó los abusos sexuales de Larry Nassar a los atletas”.
Manly dijo que sus clientes quieren que el Departamento de Justicia nombre un fiscal especial “porque ha habido encubrimiento”.
El FBI no impugnó las conclusiones.
“Como el inspector general dejó claro en el informe de hoy, esto no debería haber ocurrido. El FBI nunca perderá de vista el daño que causó el abuso de Nassar. Las acciones e inacciones de ciertos empleados del FBI descritas en el informe son inexcusables y un descrédito para esta organización”, dijo el FBI en un comunicado.
La oficina añadió que ya ha tomado medidas para garantizar que quienes cometieron “mala conducta y abuso de confianza no vuelvan a trabajar en asuntos del FBI”, y dijo que ha implementado cambios para compartirlos con otras agencias policiales.
Legisladores de los dos principales partidos dijeron el miércoles que estaban sorprendidos por las conclusiones de Horowitz y que esperaban que el Departamento de Justicia tomara medidas contra quienes no se tomaron en serio las acusaciones.
“Estamos consternados por el insultante mal manejo por parte del FBI de las advertencias que sus agentes recibieron sobre el horrible abuso de Larry Nassar años antes de que finalmente fuera arrestado”, dijeron los senadores Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) y Jerry Moran (republicano de Kansas), que han presentado una ley para reformar el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.
“¿Cuántos atletas se habrían ahorrado un dolor inimaginable si el FBI hubiera hecho su trabajo?”, continuaron. “El Departamento de Justicia tiene que decidir si se va a convertir en otra institución que les falle a las víctimas o si va a imponer alguna medida de responsabilidad por estos crímenes”.
En un comunicado, el USOPC dijo que “ha tomado amplias medidas para combatir los abusos sexuales, reforzar las protecciones en el deporte amateur y apoyar a los supervivientes”. La organización señaló que había ordenado una comisión independiente que “condujo a reformas significativas para evitar que estos actos reprobables vuelvan a ocurrir”.
El informe del inspector general se centró especialmente en lo que salió mal en la oficina del FBI en Indianápolis, donde USA Gymnastics informó por primera vez de las denuncias de abuso en julio de 2015.
En una reunión con los agentes, Steve Penny, jefe de USA Gymnastics, entregó “información gráfica” sobre tres gimnastas que habían sido agredidas sexualmente por Nassar, según descubrió Horowitz. Las gimnastas no están identificadas por su nombre, pero Manly dijo que Maroney era una de ellas.
Los agentes de Indianápolis no parecían tomarse en serio las acusaciones, según el informe. Los oficiales no documentaron formalmente su actividad de investigación, de acuerdo al inspector general, y solo entrevistaron a una víctima, Maroney, por teléfono. No se pusieron en contacto con las demás víctimas.
Aunque los agentes y un fiscal federal determinaron en septiembre de 2015 que no tenían jurisdicción en Indiana para presentar un caso, no alertaron a las autoridades locales de Michigan y Texas de la amenaza que suponía Nassar.
El médico trabajaba para Michigan State y vivía cerca de la universidad de East Lansing, sirviendo como médico de equipo para una amplia gama de atletas de Michigan State, además del equipo de gimnasia de la escuela. También trató a pacientes en el Centro de Entrenamiento del Equipo Nacional de Gimnasia de EE.UU en Texas.
Los agentes con sede en Indianápolis tampoco transfirieron la investigación a una oficina del FBI en Michigan, a pesar de la recomendación de un fiscal federal de que era la mejor jurisdicción para llevar una investigación porque el médico vivía y trabajaba allí.
“Los altos funcionarios de la Oficina de Campo del FBI en Indianápolis no respondieron a las acusaciones de Nassar con la seriedad y urgencia que merecían y requerían, cometieron numerosos y fundamentales errores cuando respondieron y violaron múltiples políticas del FBI”, concluye el informe. “La ausencia de cualquier actividad de investigación seria se agravó cuando la Oficina de Campo de Indianápolis no transfirió el asunto a la oficina del FBI en Lansing”.
El informe detalló una serie de errores de W. Jay Abbott, el agente especial a cargo de la oficina de Indianápolis, que desde entonces ha sido examinado para un posible procesamiento por la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Los fiscales se negaron en septiembre a presentar un caso contra Abbott, según el documento, aunque concluyó que Abbott había hecho declaraciones falsas a los investigadores sobre una entrevista que había realizado con Maroney.
En medio de la investigación de Nassar, Abbott también discutió oportunidades de trabajo con Penny de USA Gymnastics, y más tarde hizo declaraciones falsas a los investigadores sobre esas discusiones de trabajo y su manejo de las acusaciones contra Nassar, encontró el inspector general.
“Abbott ejerció un juicio extremadamente pobre al no consultar con un funcionario de ética de la agencia respecto a su participación en las discusiones de la investigación a Nassar, al mismo tiempo que buscaba la ayuda y la orientación de Penny sobre una oportunidad de trabajo en el Comité Olímpico de Estados Unidos. Abbott debería haber sabido -y, de hecho, lo sabía según las pruebas que encontramos- que sus acciones plantearían dudas sobre su imparcialidad”, escribió Horowitz.
El informe no fue tan duro con los agentes de Los Ángeles, señalando que llevaron a cabo una investigación exhaustiva, entrevistando a testigos y víctimas y reuniendo pruebas. Sin embargo, el organismo de control concluyó que no actuaron con “prudencia o buen juicio” al no alertar a las autoridades locales y federales de Michigan y Texas de lo que habían descubierto, un retraso que permitió a Nassar continuar con sus abusos.
USA Gymnastics informó de los abusos a la oficina del FBI de Los Ángeles porque una de las víctimas vivía en la zona y la oficina era una de las más grandes del país. Los agentes de Los Ángeles, al igual que los de Indianápolis, no alertaron a sus homólogos de Michigan del peligro que suponía Nassar.
Los agentes del FBI en Michigan solo se enteraron de la existencia de Nassar por las noticias que detallaban las acusaciones y por una redada de la policía de la Universidad del Estado de Michigan en su residencia, en la que se encontraron numerosas piezas de pornografía infantil.
El informe de Horowitz recomienda que el FBI ponga en claro cuándo deben los agentes alertar a las autoridades locales sobre posibles delitos contra menores, que mejore la forma en que la oficina documenta y supervisa la transferencia de las investigaciones entre las oficinas, y que desarrolle una política sobre cuándo las víctimas infantiles pueden ser entrevistadas por teléfono.
La exgimnasta Rachael Denhollander, que fue una de las primeras en denunciar los abusos de Nassar, expresó el miércoles en Twitter su frustración por la ausencia de consecuencias.
“No hay responsabilidad. No hay cargos penales. No hay justicia. No hay restitución por el daño causado. No hay acciones punitivas. Este informe deja al descubierto la corrupción, pero su conclusión dice ‘no importa’. Porque ahora no pasa nada”, escribió Denhollander.
“Las víctimas nos quedamos con las consecuencias de por vida, y ya soportamos el coste de presionar para que se sepa la verdad”, continuó. “Y estos agentes se jubilan con pensiones del gobierno mientras los supervivientes luchan por seguir vivos. Y no pasa nada”.
Wharton y Winton informaron desde Los Ángeles.
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