Los cambios sobre política migratoria de Trump afectarán a California mucho después de su partida

Oct. 15, 2020 7:40 PM PT

WASHINGTON —

Era un lunes por la mañana en Washington a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de noviembre, y con el primer día de audiencias en el Senado para la elección en la Corte Suprema y más de 210.000 estadounidenses que han muerto a causa del COVID-19, el presidente Trump tuiteó:

“California se va al infierno. ¡Vote por Trump!”.

Durante casi cuatro años, California ha estado entre los sacos de boxeo favoritos de Trump, en gran parte debido a los enfrentamientos sobre su promesa central de campaña de 2016: restringir la inmigración.

Es una promesa que cumplió en formas que se sentirán en el estado mucho después de que termine su mandato.

Las más de 400 acciones ejecutivas de Trump para restringir la inmigración han tenido un impacto enorme en el Estado Dorado.

Política

Se ha dirigido a la industria tecnológica con sede en Silicon Valley exprimiendo mano de obra extranjera altamente calificada, y ha restringido la inmigración basada en la reunificación familiar, incluso cuando ha separado a miles de familias migrantes en la frontera.

Ha intentado derogar las protecciones federales para los “soñadores”, jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños, y ha eludido el rechazo de sus planes por parte de la Corte Suprema. California tiene más residentes cubiertos por esas protecciones, conocidas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que cualquier otro estado. También ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para los refugiados de El Salvador y otros países centroamericanos, un número muy alto vive en el estado.

Y su administración ha disuadido a miles de otros estudiantes, refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores y empresarios -muchos de ellos dirigiéndose a California- de venir a Estados Unidos, más recientemente, utilizando la pandemia de COVID-19 como una justificación para cerrar en gran medida las fronteras de la nación.

El ex vicepresidente Joe Biden se ha comprometido a cambiar el rumbo si derrota a Trump en las elecciones de este año. Pero el demócrata ha adoptado posiciones específicas solo en algunos asuntos de inmigración, al tiempo que se comprometió a trabajar con el Congreso para encontrar soluciones a otras que, en algunos casos, han desafiado el compromiso legislativo durante décadas.

Incluso si una administración de Biden encontrara soluciones, heredaría un sistema de inmigración que ha sido golpeado durante el mandato de Trump y que enfrenta una creciente acumulación de casos. Y algunos de los efectos de las políticas de Trump serían difíciles de borrar.

El efecto más tangible puede ser el miedo y la incertidumbre que la retórica y las redadas de Trump han creado entre los inmigrantes en California, dejando a muchos en el limbo por muchos años y limitando las oportunidades.

Incluso bajo el presidente Obama, la gente se mostró escéptica sobre la participación de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración, pero Trump ha “magnificado enormemente” las preocupaciones, dijo Hiroshi Motomura, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de UCLA.

“Separar realmente la aplicación de la ley local de la inmigración es algo importante que sobrevivirá después de Trump”, manifestó.

EEUU

California ha tomado la delantera en la oposición a muchas de las políticas de inmigración de Trump, especialmente en los intentos de su administración de acabar con DACA. La Universidad de California fue un demandante principal en el caso que llegó a la Corte Suprema. La presidenta del sistema, Janet Napolitano, había elaborado la política de DACA como secretaria de Seguridad Nacional de Obama.

El fiscal general del estado, Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y el primer latino en ser el principal abogado del estado, dice que ha demandado al gobierno de Trump más de 100 veces, a menudo por cuestiones de inmigración.

“Nunca esperé tener que demandar al presidente”, dijo Becerra. “No demandamos a Donald Trump porque sea fácil o divertido... Si no infringe la ley, no habría por qué llevarlo a los tribunales”.

Biden se ha comprometido a trabajar con el Congreso para un reemplazo legislativo permanente de DACA, así como un camino hacia la ciudadanía para el resto de los 10.5 millones de inmigrantes que se estima que se encuentran ilegalmente en EE.UU. También dice que cambiaría la política exterior estadounidense hacia México y Centroamérica, con más énfasis en la diplomacia y menos en la aplicación. Agrega, además, que pondría fin al uso de centros de detención de migrantes con fines de lucro, que han proliferado bajo Trump.

Biden no ha respaldado los llamados de algunos progresistas para disolver el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en particular, diciendo en cambio que aumentaría la capacitación y la supervisión.

El candidato demócrata dice que abordaría la acumulación de casos de inmigración aumentando el número de jueces de inmigración, personal judicial e intérpretes. Pero con promesas de poner fin a políticas como “Permanecer en México”, tendría que enfrentar los reclamos de decenas de miles de solicitantes de asilo atrapados al sur de la frontera bajo Trump, así como los que ya han estado esperando años para que su reclamaciones sean escuchadas.

Para los funcionarios estatales, es posible que el mayor impacto de un cambio de administración ya no sea el obstáculo constante de los ataques políticos de Trump.

El mandatario ha estado criticando a las ciudades de California y sus políticas de inmigración desde su primera campaña presidencial. El año pasado, amenazó con arrojar a los migrantes detenidos en las “ciudades y estados santuario”, a pesar de que sus propios asesores le dijeron que eso sería ilegal.

“California ciertamente dice, ‘Oh, queremos más gente’”, dijo Trump. “Y si quieren más personas en sus ciudades santuario. Bueno, se las daremos... Veamos si eso los hace felices”.

A principios de este mes, Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional de Trump, y Tony H. Pham, director interino de ICE, realizaron una inusual conferencia de prensa en Washington sobre las acciones de aplicación de la ley de inmigración en San Diego, Los Ángeles y San Francisco, elegidas, dijeron los funcionarios, porque son las llamadas ciudades santuario.

Las jurisdicciones “santuario” en California, como otras en todo el país, han prometido proteger a las personas que se encuentran en el país ilegalmente. El estado brinda algunos beneficios para la gente que carece de estatus legal, como la atención médica y las licencias de conducir. Y una ley firmada por el ex gobernador Jerry Brown limitó la cooperación entre las agencias policiales locales y los agentes federales de inmigración.

El último impulso de control de ICE, denominado “Operación Rise”, resultó en el arresto de 128 inmigrantes, dijeron Wolf y Pham. Es un número relativamente pequeño para una agencia que promedió casi 400 arrestos por día el año pasado.

Wolf dijo que la conferencia de prensa no tenía relación con la elección.

“Hace casi cuatro años, esta administración presentó una estrategia de ‘America Firts’ (América primero) con un mandato claro para asegurar nuestras fronteras”, dijo. “Desafortunadamente, ciertos líderes políticos locales, incluidos muchos en California, continúan anteponiendo la política a la seguridad pública”.

Les dijo a los residentes de California que “continúen esperando una presencia de ICE más visible”.

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Tom Wong, profesor asociado de ciencias políticas en UC San Diego que fue asesor de inmigración de la Casa Blanca de Obama, calificó esas declaraciones como un ejemplo del “teatro” político de la administración sobre la inmigración.

La investigación de Wong que utilizó datos federales mostró menos delitos en las llamadas comunidades santuario en relación con otras áreas.

“Los hechos no apoyan el teatro de la administración cuando se trata de esta imagen de las localidades santuario tachándolas como sin ley y desenfrenadas”, enfatizó Wong.

Más allá de las críticas retóricas, la administración ha dado varios pasos que las comunidades inmigrantes han sentido profundamente.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump hizo que cada inmigrante en el país ilegalmente fuera una prioridad para el arresto, en contraste con el enfoque de Obama de arrestar a aquellos con antecedentes penales.

Más recientemente, invocando la pandemia, los funcionarios de Trump han buscado denegar las audiencias ante un juez para acelerar la expulsión de los inmigrantes que no pueden probar que han estado en el país de forma continua durante dos años.

Sin embargo, en general, los arrestos y deportaciones de inmigrantes por parte de ICE han caído bajo Trump, aunque la proporción de deportados sin antecedentes penales se ha más que duplicado, según el Instituto de Política Migratoria.

A medida que COVID-19 provocó la pérdida generalizada de empleos y muertes, sufridos de manera desproporcionada por latinos y afroamericanos y afectando particularmente a los sectores de agricultura, procesamiento de alimentos y atención médica en California, la administración insistió en que el Congreso también hiciera que millones de inmigrantes sin estatus legal -como muchos de los 1.2 millones de estadounidenses que declararon impuestos conjuntamente con un cónyuge no ciudadano- no fueran elegibles para los cheques de estímulo federal.

La congresista Zoe Lofgren (D-San José) dijo que Trump ignora que los trabajadores inmigrantes en la economía de California juegan un papel clave a nivel nacional.

“California tiene la agricultura más productiva de Estados Unidos y más de la mitad de ellos son indocumentados”, señaló Lofgren. “Si no estuvieran allí, nuestro sector agrícola colapsaría”.

La exclusión del estímulo está relacionada con otras políticas de “prueba de riqueza” que la administración ha implementado para mantener a los inmigrantes de bajos ingresos fuera del país o para negarles la ciudadanía. Bajo Trump, el gobierno adoptó lo que se conoce como una regla de “carga pública”, que negaría el estatus legal permanente a aquellos que podrían usar, o cuyos hijos que son ciudadanos estadounidenses podrían utilizar, beneficios públicos.

Si bien estas políticas han estado ligadas a un litigio, ya han tenido un efecto paralizador, desalentando a miles de personas a usar los beneficios disponibles en California y otros estados.

La administración Trump también ha buscado restringir la ciudadanía de otras maneras, aumentando las tarifas y ralentizando el procesamiento de cientos de miles de posibles votantes de 2020 que esperan ser naturalizados, la mayoría de ellos en California, según un informe de Boundless Immigration.

Todas esas políticas han apuntado a los distritos electorales de California, dijo Lofgren.

“Si no lo amas, él intenta destruirte”, subrayó. “Pero es imposible destruir el estado más grande sin dañar enormemente al resto del país”.

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