Columna: Están encerrados y el virus asesino sabe dónde encontrarlos en California

Hay dos lugares en California donde, a medida que la pandemia se desata, no quieres estar.

Prisiones e instalaciones para el cuidado de ancianos.

Un sorprendente 49% de todas las muertes de COVID-19 en California estaban vinculadas a centros de atención a personas mayores según cifras de la semana pasada, con más de 1.200 casos, junto con otros cientos de pacientes y empleados que se han infectado.

Mientras tanto, 886 reclusos en la prisión federal de Lompoc (casi el 70%) se han contagiado con el virus; se reportaron 396 infecciones, incluyendo cinco muertes, en la prisión estatal de Chino; y ha habido 709 infecciones y siete decesos en la penitenciaria federal de Terminal Island en San Pedro.

Un grupo de familiares protestaron en las instalaciones de San Pedro la semana pasada y la congresista Nanette Barragán, quien representa el área, le reveló a Richard Winton del Times que sentía que el director no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los presos con condiciones subyacentes. Ella dijo que informó la situación al funcionario de salud de la administración Trump, Dr. Anthony Fauci, quien “parecía un poco alarmado”.

Creo que debería haberse alarmarse mucho.

El padre de Tiffani Fortney estaba en Terminal Island cumpliendo una condena de 26 meses por delitos relacionados con impuestos, mientras ella se mordía nerviosamente las uñas en su casa en Arizona. Su padre tenía diabetes y problemas cardíacos que lo convirtieron en un blanco fácil en los estrechos espacios de un entorno comunitario.

“Fue un infierno”, dijo sobre tratar de obtener información en relación al bienestar de su padre. “Hablé con él en Pascua y me comentó que una persona tenía el virus y que estaban separando a todos... Me prometió que llamaría en unos días y nunca lo hizo”.

Sin que Fortney lo supiera, su padre, Scott Douglas Cutting de Apple Valley, de 70 años, se enfermó gravemente. Y Fortney relató que no supo hasta fines del mes pasado que su padre había sido hospitalizado a mediados de abril con síntomas de COVID-19.

“Traté de llamar a la prisión pero no pude obtener respuestas. Dejé un mensaje, pero otras veces ni siquiera pude llegar al contestador”, expuso.

El 1 de mayo, la oficina del defensor público federal presentó una solicitud de emergencia para la divulgación de registros médicos y el cumplimiento de la prisión con las políticas de notificación familiar. Según la documentación, el 29 de abril, el hermano de Fortney, Scott, fue informado de que su padre había sido hospitalizado e intubado. Al día siguiente, Fortney recibió una llamada de un miembro del personal de la prisión diciendo que su padre “no estaba bien”.

Fortney dijo que ella y su hermano pudieron hablar con él por teléfono y decirle adiós, gracias al “increíble personal” de Providence Little Company of Mary Medical Center en Torrance. El sábado 9 de mayo, Cutting se convirtió en el séptimo recluso en morir por COVID-19 mientras cumplía condena en Terminal Island.

“Nadie merece morir así”, manifestó Fortney. “No me importa si son delincuentes o no”.

Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones rechazó una solicitud de entrevista, pero envió una larga lista de medidas tomadas desde que comenzó la pandemia.

“Estamos profundamente preocupados por la salud y el bienestar de los reclusos que están a nuestro cuidado, y por nuestro personal, sus familias y las comunidades en las que vivimos y trabajamos”, señaló el portavoz, y agregó que la oficina está haciendo “todo para poder mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras instalaciones”.

En todo el país, a miles de prisioneros se les ha adelantado su liberación para detener la propagación del virus entre los reclusos y el personal de la cárcel, y en el condado de Los Ángeles, incluso se sospecha que algunos internos de la cárcel intentan infectarse con el virus pensando que podrían ser liberados antes.

Los abogados de derechos civiles y los familiares de los presos han abogado por una liberación más amplia de los reclusos que son ancianos o están enfermos, y por más pruebas y medidas de protección. Pero a pesar del apoyo de expertos en salud pública, ese no es un argumento fácil de ganar dada la resistencia de los altos funcionarios federales, señaló Mark Rosenbaum de Public Counsel.

“La responsabilidad recae por error en los funcionarios que administran estas instalaciones, pero es el gobierno el que defiende el statu quo”, señaló Rosenbaum. “Es punitivo y es un medio para decir que se trata de personas infrahumanas y que lo que les sucede a ellos y a sus comunidades no importa”.

Se ha hecho el mismo juicio social sobre aquellos que viven en algunos centros de atención a personas mayores, que es una de las razones por las que se han convertido en trampas mortales.

“La gente está realmente sorprendida de que esto haya sucedido, pero no me asombra”, dijo Charlene Harrington, de 78 años, profesora emérita de enfermería de la Universidad de California en San Francisco que ha pasado décadas luchando por normas más estrictas y mayor supervisión. “Incluso antes de que llegara el virus, las tres cuartas partes de los hogares de ancianos no tenían personal adecuado y tampoco cumplían con lo que consideramos estándares razonables”.

Uno pensaría que, dado que el virus es particularmente mortal para las personas mayores, señaló Harrington, los centros de ancianos tendrían una mayor prioridad cuando se tratara de probar y distribuir equipos de protección para el personal.

Parte del problema, dice ella, es un cambio en la industria de los hogares de ancianos, ya que las operaciones independientes y familiares han dado paso a grandes cadenas e inversores de capital privado.

“Exprimen cada centavo que pueden”, destacó Harrington, pagando “los salarios más bajos posibles”, a menudo a minorías e inmigrantes, generalmente sin seguro médico y sin licencia por enfermedad. Eso aumenta la posibilidad de que los empleados se presenten a trabajar cuando están enfermos, o se enferman en el trabajo y luego infecten a amigos y familiares fuera de las instalaciones.

Entonces, ¿por qué una sociedad civilizada no puede hacer un trabajo más humano de cuidar a la abuela y al abuelo?

Como se nos ha recordado en las últimas semanas, algunas personas parecen pensar que los adultos mayores, especialmente los que ya están en los centros, son prescindibles. Pero la respuesta más precisa implica dinero y política.

Los hogares de ancianos ejercen una tremenda influencia sobre los responsables políticos. Y a pesar de que los contribuyentes cubren la mayor parte del costo de la atención a través de Medicare y Medicaid, Harrington dijo que “los hogares de ancianos han operado con una mínima supervisión durante más de 20 o 30 años, por lo que estaban listos para el desastre”.

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Y agregó que, al igual que con los otros puntos críticos de COVID-19 (cárceles y prisiones), no podemos estar completamente seguros de lo que sucede a puerta cerrada. Para los hogares de ancianos, expuso, hay un incentivo para minimizar el número de casos a las familias que ahora tienen prohibido visitar las instalaciones.

De hecho, una fuente me dirigió a las discrepancias entre lo que un centro de ancianos del condado de Los Ángeles ha reconocido sobre las infecciones y muertes por COVID-19 entre los pacientes y el personal, y los números mucho mayores que figuran en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles.

Este virus no juega limpio. Persigue a los que están encerrados, los pobres y los ancianos, y la creciente lista de víctimas es inaceptable.

Si conoce a un recluso o empleado de la prisión que se enfermó o murió, o si conoce a un paciente o empleado de un centro de atención para ancianos que se contagió o falleció, me gustaría escuchar su historia.

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