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¿Podrían las conversaciones y maniobras de última hora impedir la huelga de maestros?

¿Podrían las conversaciones y maniobras de última hora impedir la huelga de maestros?
El presidente de United Teachers Los Angeles, Alex Caputo-Pearl, se dirige a miles de miembros del sindicato de maestros y simpatizantes en un mitin en el centro de la ciudad en diciembre. Parece que los negociadores pueden volver a reunirse. (Damian Dovarganes / Associated Press) (Associated Press)

Una huelga de docentes la semana que viene parece casi inevitable, pero dos acontecimientos ocurridos el jueves 3 de enero podrían cambiar el curso de los acontecimientos.

Primero, los líderes del sindicato que representa a los maestros de Los Ángeles acordaron tentativamente reunirse el lunes 7 con los funcionarios del distrito escolar para conversar, después de 12 semanas sin negociaciones serias cara a cara.

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Luego, por separado, los abogados de Los Angeles Unified Grocers tomaron medidas legales para tratar de obligar a los maestros a continuar proporcionando servicios a los estudiantes con discapacidades durante una huelga. No está claro si la orden judicial que piden detendría o retrasaría una huelga, o simplemente limitaría su alcance.

La nueva medida legal no afectó la voluntad del sindicato de reanudar las negociaciones.

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Ambas partes dijeron el 3 de enero que quieren llegar a un acuerdo; cada una de ellas sigue cuestionando la buena fe de la otra.

Las conversaciones sobre el contrato serían las primeras desde que se rompieron los esfuerzos de mediación a principios de octubre.

"Queremos conversaciones serias. Eso es lo que esperamos el lunes", dijo Alex Caputo-Pearl, presidente de United Teachers Los Angeles. "Nos reuniremos con ellos el lunes, pase lo que pase, con la esperanza de que sea productivo".

"Entendemos", dijo después, "que cualquier negociación va a ser un compromiso".

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Caputo-Pearl habló antes de que el distrito anunciará a las 3 p.m. que tomaría acción legal para forzar al menos a algunos maestros en huelga a seguir trabajando. Anunció esa noticia el jueves por la noche.

"Si Beutner realmente se hubiera preocupado por los estudiantes de educación especial, habría respondido a nuestras propuestas sobre límites de tamaño de clase de educación especial, lo que aliviaría la carga de nuestras aulas superpobladas", dijo. "Es injusto reconocer el valor de nuestros maestros sólo en el papel que desempeñan durante una huelga".

La presentación legal del distrito se hizo en relación con un acuerdo a largo plazo llamado Decreto de Consentimiento Modificado de Chanda Smith, quien era una estudiante que recibió una educación deficiente porque estaba privada de servicios que podrían haberla ayudado y que eran legalmente requeridos bajo la ley federal.

Los abogados que la representan entablaron una demanda en 1993 como una forma de ayudar a todos los estudiantes con discapacidades.

Los funcionarios del distrito finalmente acordaron medidas radicales y costosas, todo bajo la supervisión de un monitor nombrado por el tribunal. Ese acuerdo se mantiene hasta el día de hoy.

Durante años, L.A. Unified Grocers ha tratado de salir del acuerdo, argumentando que ha solucionado sus problemas. Algunos padres y defensores han argumentado lo contrario.

El jueves, los funcionarios del distrito encontraron una nueva manera de aprovechar la supervisión no deseada y continua.

Los fiscales de distrito dijeron que no pueden cumplir con los términos del acuerdo si los empleados que trabajan con estudiantes discapacitados se declaran en huelga. Por lo tanto, están buscando una orden judicial para mantener a esos trabajadores en el trabajo. Esta orden podría afectar tanto a los docentes como a las enfermeras, los consejeros y los trabajadores sociales psiquiátricos que también forman parte del sindicato.

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Como mínimo, una orden judicial, si se concede, parecería aplicarse a los estudiantes en clases creadas exclusivamente para discapacitados. Sin embargo, un número cada vez mayor de estudiantes con discapacidades reciben parte o la totalidad de su educación en clases regulares, con el apoyo necesario, en un proceso llamado integración.

La demanda original de Chanda Smith fue presentada bajo la ley federal, que requiere que los sistemas escolares proporcionen una educación gratuita y apropiada a los estudiantes discapacitados. La presentación del distrito esta semana se basó en las mismas protecciones federales para estos estudiantes.

L.A. Unified School District tiene alrededor de 60,000 estudiantes discapacitados, más del 12% de la matrícula total, dijeron las autoridades del distrito.

Independientemente de la presentación legal, los líderes distritales respondieron rápidamente a la oferta del sindicato de reanudar las conversaciones.

"Acogemos con beneplácito la voluntad de la UTLA de regresar a las negociaciones de contratos para evitar una huelga que no haría nada para aumentar los fondos para la educación pública o que sólo perjudicaría a los estudiantes, las familias y las comunidades más necesitadas", dijo la portavoz del distrito Shannon Haber.

Y agregó que "el Distrito Unificado de Los Ángeles sigue comprometido en hacer todo lo posible para evitar una huelga y proporcionar a los estudiantes de Los Ángeles la mejor educación posible".

El distrito ha ofrecido un aumento del 6% durante los dos primeros años de un contrato de tres años. El sindicato quiere un aumento del 6.5% que entraría en vigor de una sola vez y un año antes.

Pero las cuestiones por las que el sindicato está presionando van mucho más allá de los salarios. La UTLA también está exigiendo una reducción significativa en el tamaño de las clases y la contratación de suficientes enfermeras, bibliotecarios y consejeros para "dotar de personal" a los campus de todo el segundo sistema escolar más grande del país. Los líderes sindicales han enmarcado su activismo como una lucha por el futuro de la educación pública.

El superintendente Austin Beutner de L.A. schools ha dicho que las propuestas del sindicato, si son aceptadas, empujarían inmediatamente al distrito escolar a la insolvencia.

"El desafío es qué hacemos con los recursos que tenemos hoy y cómo trabajamos juntos a nivel estatal para obtener más recursos", dijo Beutner en una entrevista el miércoles 2 en KPCC. "Tenemos que alejarnos de la retórica y empezar a tratar con los hechos".

Beutner ha señalado que la última contraoferta escrita del sindicato fue el 24 de julio. El distrito ha hecho propuestas desde entonces, incluyendo algunas concesiones por escrito.

El superintendente quiere un enfoque lo más estrecho posible. A diferencia de los maestros, él no quiere hablar en las negociaciones de contratos sobre si hay demasiados exámenes estandarizados o muy poco control sobre las escuelas charter privadas que operan en los campus propiedad del distrito.

Caputo-Pearl dijo que no habría condiciones previas para una reunión el lunes 7, pero tampoco se retractó de las demandas que Beutner ha caracterizado como imposibles de satisfacer.

Beutner o su equipo, dijo Caputo-Pearl, tendrían que llegar el lunes "con una propuesta escrita clara", un compromiso de gastar "sustancialmente" de la reserva del distrito y "comprometerse a cumplir todas nuestras propuestas".

"El distrito tiene la responsabilidad de hacer una oferta que no sea una migaja", dijo.

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Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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