Abusos de las autoridades: relatos versus versión oficial

Por SONIA NAZARIO, Redactora del Los Angeles Times

“Si tienes dinero, te dejan libre”, dice Carlos Roberto, de 17 años, apoyándose contra los barrotes de su celda en la jefatura de la policía municipal de Tapachula, México. Los policías, según relata, lo pararon tres veces en cuatro días y le quitaron 20 pesos, unos $2.

Cuando al fin se le acabó el dinero, lo arrestaron, concluyó.

Según los resultados de un estudio titulado “Migración: México Entre Sus Dos Fronteras” y realizado en México en 1999 por una coalición de profesores y grupos de ayuda a los migrantes, los migrantes son perseguidos y robados en sus viajes por México hacia Estados Unidos por agentes de una docena de agencias de la ley, entre las que se incluyen autoridades de inmigración.

El gobierno del presidente Vicente Fox ha tomado medidas para frenar la corrupción, según expuso en la Secretaría de Gobernación de México, Javier Moctezuma Barragán, subsecretario de Asuntos de Población, Migración y Religión, quien supervisa a los agentes de inmigración. “Creo que hemos avanzado algo”, afirma. “Esperamos que la corrupción haya disminuido, pero esperamos que disminuya aún más”.

Las entidades policiales niegan que sus propios agentes roben a los migrantes, aunque algunos acusan a oficiales de otras agencias de hacerlo. “La policía judicial detiene el tren para robarles a los inmigrantes, es así de sencillo”, observó Reyder Cruz Toledo, jefe de la policía municipal de Arriaga, un pueblo al borde de la vía del tren en el estado sureño de Chiapas.

Genaro García Luna, director nacional de la Agencia Federal de Investigación (AFI), como se conoce oficialmente a la policía judicial, no respondió a pedidos para que comentara. Pero Sixto Juárez, jefe de la AFI en Arriaga, dice que su agencia se dedica a la investigación de crímenes federales, como lo hace la FBI, y que los migrantes no caen bajo su jurisdicción.

“No creo tener ni un solo oficial corrupto”, subrayó Juárez.

Algunas desmentidas no son tan categóricas. Elías Gonzales Gómez, comandante de la policía municipal en Tapachula, donde cayó preso Carlos, indica que no es cierto que los policías les roben a los inmigrantes. Explica que los 400 agentes de Tapachula ganan sólo unos $210 al mes. “Quizá haya algunos que son malos”, añade.

Un clérigo que ayuda a los migrantes comenta que predomina el robo por parte de las autoridades. “Se han suelto aquí los perros”, dice el Padre Flor María Rigoni, en el Albergue Belén, un refugio para migrantes localizado en Tapachula.

Para cuando llegan a Tapachula, en Chiapas a sólo 12 millas de la frontera con Guatemala, el Padre Rigoni calcula que un 80% de los inmigrantes que se detienen en su albergue han sido víctimas de robos, golpizas o extorsiones, a menudo por agentes mexicanos de la ley.

Según Jorge Reinoso, jefe de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, la empresa ferroviaria del sur de México, el abuso de los agentes del orden es tan prevaleciente que él ha visto peleas entre policías municipales y estatales para ver a quién le toca atracar a un grupo dado de emigrantes.

En Nuevo Laredo, Leonicio Alejandro Hernández, de 33 años de edad, dice que se le acercaron cuatro policías municipales a orillas del Río Grande y le dijeron: “Cobramos 1,000 pesos [$100] por cruzar este río”.

Hernández se rehusó y los policías bajaron el precio. Dice él que uno de ellos gritó “¡Si no nos das 500 pesos, vas 10 días a la cárcel!”

Dice que otro le advirtió, “Si te tiras al río, te mato”.

Hernández dice que les pagó y se fue nadando.

Octavio Lozano Gámez, jefe de la policía municipal de Nuevo Laredo, admite que entre sus 720 empleados, “una pequeña minoría de los policías de la ciudad tiene este problema de robarle a la gente”.

En cambio, Lozano duda que aún sus policías más corruptos usen a migrantes pobres como blancos de robos. “Cualquier policía listo procuraría encontrar a alguien que tenga más dinero, cadenas de oro, relojes”.